La Junta de Andalucía continúa su oposición a las reválidas de la LOMCE para la ESO y Bachillerato. En Consejo de Gobierno se ha acordado solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde se debata la situación de incertidumbre y consenso generadas por la ley educativa. En esta comisión se tratan, entre otras cuestiones, la participación de los gobiernos regionales en los asuntos que se tramitan en la Cámara Alta y que afectan al ámbito de sus competencias.
En palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, con esta convocatoria se pretende “abordar el despropósito de las reválidas” consecuencias de la “nefasta LOMCE”. Con su intervención, Vázquez ha señalado el propósito de la Junta en que el Gobierno central “rectifique” a través de la vía del diálogo, pudiendo llegar a interponer recurso contencioso administrativo contra la ley ante el Tribunal Supremo en el caso de no llegar a ningún acuerdo. Vázquez también ha señalado durante su intervención que la ley ha sido aprobada por “un Gobierno en funciones”, lo que “extralimita sus posibilidades y competencias en este momento político”.
Desde la Junta de Andalucía se ha subrayado que la nueva normativa de las reválidas, lejos de regular evaluaciones, consolida pruebas “meramente conceptuales destinadas a comprobar lo memorizado por el alumnado”, obligándolos a poner su futuro en una única prueba sin contar los avances a lo largo de su periodo educativo. En este sentido, desde el Consejo se considera especialmente censurable que la no superación de las revalidas de ESO y Bachillerato conlleve la no obtención de los títulos de estas enseñanzas, imposibilitando a los estudiantes su matriculación en enseñanzas universitarias. Los jóvenes que no aprobaran el primer examen de reválida, en 4º de ESO, solo podrían optar por la Formación Profesional Básica, mientras que los alumnos que no superasen la prueba de Bachillerato solo optarían por la FP de Grado Superior, sin tener acceso así a la universidad o a las enseñanzas artísticas superiores. Esto se suma a que, aún superando todos los exámenes y pruebas de Bachillerato, un estudiante que no aprobase la reválida tampoco obtendría el titulo final. Hasta ahora, en estas etapas se lograba el título en función de la consecución de objetivos y la adquisición acreditada de las competencias formativas, a diferencia de la única prueba presentada por la ley. A nivel educativo, tal y como se ha manifestado desde el Gobierno andaluz, la ley no aporta formación ni motivación al alumnado, sino que sólo logra dificultarle la obtención de la titulación y segregarlo en función de los resultados obtenidos. Vázquez ha señalado así que se trata de “una evaluación ajena al proceso de aprendizaje”.
Finalmente, desde el Gobierno andaluz se ha insistido en que para aprobar la orden que desarrolla la prueba de las reválidas es necesario el informe preceptivo del Consejo Escolar, estando este actualmente bloqueado por las dimisiones del presidente y vicepresidenta que se unen al fallecimiento del secretario del Consejo. Esta “inoperatividad” del Consejo se agrava con la imposibilidad de nuevos nombramientos por de un Gobierno en funciones. La Junta de Andalucía ha señalado así cómo esta situación es un “elemento más para que el Gobierno recapacite y dé marcha atrás” pidiendo de esta manera llegar a un consenso previo en la comisión del Senado.
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