Ramírez de Arellano declara como investigado ante el TSJA por el caso CENTRIUS


El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha sido llamado a declarar como investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por motivo de la concesión de la obra del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación (CENTRIUS), en la Isla de la Cartuja, presupuestado en 34,8 millones de euros. La concesión de la obra se realizó en 2008, cuando Arellano ostentaba el cargo de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

La Fiscalía advierte de una posible caso de prevaricación en la concesión de la obra, por lo que llamó a declarar a Arellano el pasado martes 10 de mayo a las 10:30 en la Sala Civil y Penal, ubicada en Granada. El consejero de Economía y Conocimiento respondió ante la acusación de falsificación documental y prevaricación, denunciado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS). El cruce de acusaciones entre la Universidad de Sevilla y el COAS se presentó así ante el TSJA, posibilitando que Arellano expusiera su defensa y la de la propia Universidad.

Ante el TSJA, el consejero de Economía y Conocimiento expuso que “actuó siempre dentro de la legalidad y no hubo ninguna adjudicación de antemano“. Frente a los medios de comunicación, Arellano señaló que, en cuanto a la adjudicación de las obras no hubo “ningún menoscabo” de fondos públicos insistiendo en que su actos fueron “regulares y legales”, además de “conocidos y vigilados por todos los procedimientos administrativos normales y convencionales en una administración pública tan grande como la Universidad”.

Arellano limitó el asunto a una “discusión sobre asesorías técnicas” que se corresponde con “momentos distintos en la Universidad donde se tomaban decisiones que no estaban conectadas las unas con las otras necesariamente”. Así, en un comunicado de la propia Universidad de Sevilla, esta “se felicita de que por novena vez la Justicia le dé la razón frente a la actuación sistemática del COAS en los tribunales; en este caso cerrando la totalidad de los expedientes contencioso-administrativos interpuestos en relación con la construcción del CENTRIUS”. En esta línea, la Magistrada del juzgado número 11, María de las Mercedes Romero García, declaraba en su auto la inadmisibilidad del recurso por “interposición extemporánea” del mismo, al alegar que el plazo de interposición estaría prescrito puesto que los actos impugnados ya habían sido notificados al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en tiempo y forma por la Universidad, y el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos se habría interpuesto  sin hacer al mismo. La Hispalense expone que el COAS “tenía perfecto conocimiento y notificación de los actos objeto del presente recurso”, motivo por el que no se admite a trámite.

Complicaciones políticas

La llamada de Arellano ante los Tribunales como investigado, anteriormente denominado imputado, podría haber supuesto que este tuviera que dimitir como consejero debido al acuerdo PSOE-Ciudadanos para la constitución del gobierno andaluz. En su página web, Ciudadanos Andalucía señala que la firma del acuerdo anticorrupción fue “una condición indispensable para la investidura de la presidenta de la Junta de Andalucía, ya que ningún imputado por corrupción política puede desempeñar ningún cargo público, al tiempo que mantendrá la misma línea de actuación en los distintos presuntos casos de corrupción política que pudieran darse ahora o en el futuro”.

En cuanto a la investigación de Arellano, tal y como expuso el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el partido no va a pedir que Arellano “salga del Gobierno de Andalucía”, pues entiende que no se trata de un caso de corrupción política sino de “hacer un mal proceso”. Esta posible falta se podría entender como una supuesta prevaricación administrativa, la cual no afectaría al pacto de Gobierno.

 


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