La llegada de Trump a la Casa Blanca o las próximas elecciones francesas con Marine Le Pen golpeando a la puerta provocan una incertidumbre global en la que la economía española y sus retos se ven afectados. Esta ha sido una de las afirmaciones que han realizado los expertos durante la inauguración del seminario ‘La necesaria reforma de las reglas fiscales’, que se ha desarrollado en Málaga.
En esta línea, Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), ha hablado sobre los retos de las finanzas públicas para 2017, haciendo especial referencia a las comunidades autónomas. Bajo el título ‘La economía española y la incertidumbre global’, el economista ha informado de que “pese al intenso crecimiento, el PIB sigue por debajo del máximo de pre-crisis“. De esta forma, el PIB analizado alcanzó el máximo de pre-crisis en el tercer trimestre de 2008 y en el último trimestre de 2016, el PIB aún era unos 21,500 millones de euros inferior. “El hundimiento de la inversión en construcción (92.000 millones) y, en menor medida, el consumo privado (37.000 millones) se ve compensando parcialmente con el incremento de las exportaciones (67.000 millones) y la reducción de las importaciones (-35.000 millones)”, ha aclarado.
“Pese al intenso crecimiento, el PIB sigue por debajo del máximo de pre-crisis”
Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha abogado por simplificar el funcionamiento del actual marco fiscal, mediante una reforma que tenga en cuenta las peculiaridades de un Estado ampliamente descentralizado como el español. En este sentido, ha reclamado que la aplicación de la regla de gasto debe “salvaguardar” la inversión pública, mientras que a su vez el crecimiento del gasto tendría que considerar el reparto entre administraciones.
Asimismo, Montero ha subrayado que las normas de estabilidad no pueden ser un límite a la creación de empleo y ha abogado por que las comunidades autonómas “recuperemos nuestro espacio”, como administraciones prestadoras de la mayoría de los servicios públicos que conforman el Estado de bienestar y que “han sido utilizadas como una de las primeras herramientas para recortar el gasto”.
La consejera ha señalado que la crisis económica ha demostrado que el Estado de bienestar es “imprescindible” para mantener la cohesión social y que además es sostenible, “siempre que exista voluntad política para acometer los cambios necesarios”. Por ello, ha defendido que la estabilidad presupuestaria es un “instrumento” para favorecer la utilización responsable de la politica fiscal “pero no el fín último de la acción pública”. “La responsabilidad de las comunidades autónomas va mucho más allá de dar cumplimiento al principio de estabilidad”, ha subrayado, para señalar que su deber es hacer un uso “prudente pero efectivo” de la política fiscal, en aras de mejorar el bienestar de la ciudadanía, “objetivo último de la gestión pública”.
Montero ha reivindicado una política a nivel europeo donde el euro sirva para la promesa con la que fue creado, es decir, lograr un mayor crecimiento y más creación de empleo. Del mismo modo, ha apuntado a un cambio en las políticas nacionales basadas en una “constante” reducción del peso del gasto público en educación, sanidad y políticas sociales.
Sobre esta base, Montero ha saludado la oportunidad del seminario que ha reunido a expertos y representantes autonómicos, ya que el rediseño y la aplicación de las reglas fiscales se ha convertido en una necesidad “acuciante” para las administraciones, tras “largos años” de restricciones en la economía española que han impedido que los poderes públicos cumplan con lo que la sociedad demanda.
En su alocución, se ha referido al debate que actualmente está abierto en el seno de la Unión Europea sobre la necesidad de modificar las reglas fiscales ante la evidencia de que no han conseguido los ajustes macroeconómicos deseado y además han provocado un “creciente descontento social por el aumento de la desigualdad”. Montero ha criticado el “pensamiento dominante” en las instituciones comunitarias que impusieron un modelo basado en una “estricta” disciplina fiscal y que se ha traducido en una pérdida de autonomía financiera de las administraciones territoriales.
Asimismo, ha rechazado la “línea dura” seguida por el Gobierno nacional y la “deriva recentralizadora” a través de la política presupuestaria y financiera que ha situado a las autonomías en una situación de “práctica dependencia del Estado”, con independencia de que cumplan o no los objetivos de déficit, y que en la práctica se han traducido en “reducciones sistemáticas y generales del gasto”.
Nuevo paradigma en la economía española
En este contexto, la consejera ha hecho un llamamiento a “aprender de los errores” para poner “los cimientos de un nuevo paradigma que sea asumido por todos”, sin olvidar que la tarea de los políticos es “procurar el bienestar de los ciudadanos”.
A juicio de Montero, se debe propiciar una “estrategia de crecimiento” que genere empleos, elevando salario y renta para las familias, y que impulse la inversión pública productiva. Todo ello, sin renunciar a los objetivos de sostenibilidad financiera ya que, según ha defendido, “no hay mejor fórmula para reducir el endeudamiento que un mayor crecimiento económico”.
Montero ha vinculado la adopción de cambios en la normativa de estabilidad estatal en paralelo al proceso de reforma del modelo de financiación autonómica que se acaba de iniciar. En este aspecto, ha apostado por reflexionar sobre cómo encajar, en el marco de la restricción presupuestaria, el crecimiento esperado de los gastos asociados a los servicios públicos fundamentales y las pensiones, así como cuál debe ser el reparto de los recursos entre los diferentes niveles de administración del modelo territorial español.
La consejera ha avanzado otras propuestas para una reforma que “debe renunciar a la unilateralidad y la rigidez” en la fijación de objetivos y la valoración del cumplimiento, siguiendo el ejemplo de la normativa europea que está diseñada para su aplicación atendiendo a las diferentes situaciones económicas y financieras de los Estados. Asimismo, ha reiterado su oposición al establecimiento de objetivos verticales de estabilidad que provocan un sesgo de mayor exigencia para las comunidades que para Estado. En este punto ha coincidido con la posición de la AIRef que defiende un reparto horizontal.
Asimismo, ha reclamado una modificación de los límites de endeudamiento impuestos (13% del PIB para las comunidades autónomas y 60 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas), ya que son “completamente inalcanzables”. También ha señalado la posibilidad de dotar un fondo de contingencia, similar al de reserva de la Seguridad Social, para que los ingresos que la regla de gasto no permita utilizar puedan acumularse para hacer frente a situaciones de crisis, una vez alcanzados los objetivos de deuda en la economía española.
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