El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Educación el cual persigue, tal y como han señalado desde el Gobierno, “posicionar a España en los niveles de los países con una mejor educación”, según las directrices de la OCDE, y tal y como plantea la Agenda 2030.
En palabras de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, “esta ley sitúa a la educación española en el siglo XXI”. Esta nueva ley es resultado de un amplio proceso de participación, con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas; la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación –con los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas–; las aportaciones de la mayor parte de las comunidades autónomas, de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como reuniones bilaterales o multilaterales con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo.
La ministra Isabel Celaá ha presentado este documento ante las Comisiones de Educación y FP del Congreso y del Senado. Por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado (el máximo órgano de la comunidad educativa) aprobó por mayoría absoluta el informe del anteproyecto presentado por la Comisión Permanente.
Una nueve Ley Orgánica en Educación
La nueva norma, denominada Ley Orgánica, deroga las anteriores legislaciones, modificando y modernizando la anterior ley de educación que reformó la LOMCE, es decir, la LOE. El proyecto de ley se sustenta en cinco pilares. En primer lugar y por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.
En segundo lugar, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta, en todas las etapas el aprendizaje, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.
En tercer lugar, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria. Y, en quinto lugar, la ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en las sociedades y que afecta a la actividad educativa.
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