¿Quién pagará las altas en la Seguridad Social de los estudiantes?

¿Quién pagará las altas en la Seguridad Social de los estudiantes?



El Gobierno y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CREU Universidades Españolas) han mantenido su segundo encuentro para debatir sobre la aplicación del Real Decreto 28/2018. Este encuentro confirma el compromiso del Gobierno central en acordar con los representantes académicos la aplicación de la norma, por la cual se regulará la cotización en la Seguridad Social de los estudiantes que realicen prácticas, independientemente del tipo de estas.

En la segunda reunión, Gobierno y CRUE Universidades Españolas se han centrado en el coste económico que supondrá la aplicación de la nueva norma, que ya se aceptó no entraría en vigor hasta el curso 2019/2020. En concreto, por parte de Crue Universidades Españolas se ha solicitado que la entrada en vigor del reglamento sea posterior al 1 de enero de 2020.

Además de los periodos de aplicación, el acuerdo ha avanzado con la disposición de la Secretaría de Estado de la seguridad Social de asumir las tareas de gestión necesarias para la aplicación de esta medida.

Legislación “sin afán recaudatorio”

Desde el Gobierno central así como desde la CRUE Universidades Españolas se ha recalcado que la legislación sobre las prácticas “en ningún momento pretende tener un afán recaudatorio” y que, de hecho, se está trabajando en la bonificación por contingencias comunes, sin perjuicio de que el periodo de prácticas esté siempre cubierto por estas contingencias.

En los próximos días, la Secretaría de Estado de Seguridad Social se ha comprometido a trasladar a los representantes de los rectores un primer borrador de desarrollo reglamentario sobre el que se seguirá trabajando en una próxima reunión prevista para finales de febrero.

Ambas instituciones han señalado como la norma responde a la mejorar la cobertura de todos los estudiantes que realicen prácticas académicas externas durante su periodo formativo en empresas y organismos públicos, sin alterar su desarrollo formativo y reforzando el sistema de protección social de los estudiantes.

Una reunión sin presencia de estudiantes

En esta segunda reunión tampoco han estado representados los estudiantes, los cuales han manifestado su descontento a través de un comunicado. Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) se ha subrayado como

“nos parece denigrante que no se haya contado con la presencia de los estudiantes, siendo estos los principales afectados por la medida”

Esta falta de diálogo no concuerda con el compromiso de la Secretaria General de universidades, la cual afirmó que contaría con las asociaciones de representantes de estudiantes y, según la propia CREUP “en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros”.

Como respuesta ante la falta de convocatoria, la coordinadora de estudiantes ha comunicado que se verá obligada a “a explorar iniciativas parlamentarias ante la falta de diálogo y la exclusión en la participación de la toma de decisiones por parte del Gobierno”.

Sí que han estado en este segundo encuentro, por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I, Ángeles Heras, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. En representación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez. Desde la CRUE Unievrsidades Españolas lo han hecho el presidente de Asuntos Académicos y rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, así como la presidenta de Crue–Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Miguel Ángel Collado;

Críticas al RD 28/2018

Las críticas tanto a la gestión de las altas en la Seguridad Social como al propio proceso de legislación en torno al Real Decreto 28/2018 han sido constantes durante todo el proceso.

Así, para la portavoz de educación del PP , Sandra Moneo la decisión por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social “no ha tenido nada en cuenta los efectos que produciría este medida y además de la falta de coordinación de lo Ministerios que implican, Educación y Formación Profesional y Ciencia , Innovación y Universidad, se ha llevado a espalda de los afectados”. Desde el grupo popular se subraya la misma cuestión que se plantea desde las instituciones académicas, saber “quién va a pagar las altas en la Seguridad Social”.

La postura del Grupo Popular es firme ante el Real Decreto 28/2018 en su tratamiento de las prácticas universitarias solicitando “la derogación de este Decreto”. En el caso de hacer una nueva regulación, Moneo destaca que esta debe ser “consensuada,  y de existiera  alguna cotización para prácticas que necesariamente son obligatorias, deberían de ser bonificadas al 100%”(como pudiera ser el caso de las carreras técnicas). En palabras de la propia Moneo

“los estudiantes como población mayoritaria en la universidad no son ahora conscientes de lo que puede suponer aplicar el decreto, vamos hacer todo lo posible para que se derogue la norma”

Finalmente, ante el posible afán recaudatorio de la medida, desechado por el Gobierno, desde el Grupo Popular sostienen que “sospechamos que ya preveían una bajada considerablemente de los cotizantes a la Seguridad Social y que mejor que sumar a casi 500.000 estudiantes que se verían incrementadas esas altas”.


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