El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, en sesión de control al Gobierno, la solicitud de adelantar la selectividad de septiembre a julio. Esta petición se ha realizado a través de una proposición no de ley presentada por el PP y Ciudadanos, para lo que ha contado con el voto positivo de VOX y Adelante Andalucía, y con la abstención del PSOE.
La medida aprobada deberá estar en consenso con la comunidad educativa y universitaria, así lo han recalcado sus defensores ante el resto de grupos parlamentarios. Además, junto a la proposición no de ley, se ha incorporado un segundo punto tras una enmienda de Adelante Andalucía, respaldado por unanimidad, y por el que se solicita al Gobierno andaluz la creación de un sistema de bonificación en las tasas de Selectividad siguiendo las rentas familiares, a semejanza de las establecidas para otros servicios, como el de comedor.
Defensa del cambio de fecha
En sus intervenciones en el Parlamento andaluz, los grupos proponentes (PP y Ciudadanos) han puesto de manifiesto los inconvenientes de la prueba extraordinaria de septiembre, donde los estudiantes que consiguen superar los exámenes suelen encontrarse con una oferta muy limitada de plazas. En estos inconvenientes destacan, entre otros, los largos plazos administrativos que se demoran en ocasiones hasta octubre para los estudiantes que han realizado la prueba en septiembre, llevándoles a iniciar sus clases cuando estas ya han comenzado semanas antes con el resto de compañeros
Desde los grupos proponentes, PP y Ciudadanos, también se ha subrayado las reclamaciones de los rectores y rectoras universitarios quienes, en distintas ocasiones han mostrado la necesidad de retrasar la convocatoria de septiembre para facilitar las matriculaciones y el inicio al unísono de las clases para todos los estudiantes. Es así como, Ramón Herrera (PP) y Francisco Carrillo (Ciudadanos), han defendido que, tal y como se señala en Real Decreto de acceso a las enseñanzas universitarias, así como a la propia Ley Orgánica de Educación, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para determinar la realización de las pruebas, estipulando así las fechas de las mismas.
Por su parte, la única abstención, del grupo socialista, ha sido explicada por el diputado Javier Carnero, quien se ha basado en la “cortina de humo” que según este grupo es esta propuesta, pues deja “al margen a la comunidad educativa” de la toma de decisiones.
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