El PP destaca el riesgo de pérdida de autonomía que supone la propuesta de Ley reguladora de las prácticas académicas

El PP destaca el riesgo de pérdida de autonomía que supone la propuesta de Ley reguladora de las prácticas académicas


La portavoz de Universidades en el Congreso de Diputados por el Partido Popular, Silvia Valmaña, expuso ayer ante los medios de comunicación la preocupación de su partido por la Proposición de Ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas presentada por el grupo Unidos Podemos. Tal y como señaló ante los medios Valmaña, “se pone en riesgo el propio sistema de prácticas” pues “se pone en tela de juicio cual es la intención de esas administraciones y sobre todo la labor de las universidades como supervisoras” afectando de lleno a la “autonomía universitaria”.

La Proposición de Ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas, presentada el pasado mes de septiembre, expone “el uso en fraude generalizado de las prácticas y su laxa regulación” las cuales “ha creado para este colectivo una barrera de entrada en el mercado laboral en condiciones de trabajo dignas, abocándolos a encadenar prácticas, sin los derechos propios de los trabajadores y, en muchas ocasiones, sin remuneración”. El grupo Unidos Podemos señala así que las prácticas en empresas “en lugar de favorecer la inserción laboral de estudiantes de posgrado, conlleva una serie de consecuencias que degradan el acceso de los jóvenes al empleo, dando lugar al fenómeno de los becarios en fraude“. La propuesta de ley presenta una cuantía mínima para el período de prácticas curriculares, la cual no sería inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente, calculado en proporción a la duración de las prácticas.

El PP destaca el riesgo de pérdida de autonomía que supone la propuesta de ley reguladora de las prácticas

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España junto a la portavoz de Universidades del PP en el Congreso, Silvia Valmaña.

Tal y como recoge el informe The experience of traineeships in the EU  (La experiencia de los becarios en la Unión Europea), publicado por la Comisión Europea, el 58 % de los alumnos en prácticas en España no percibe remuneración alguna, motivo por el cual se presentaba la propuesta de Unidos Podemos. Por su parte, desde el PP se señala la diferencia entre prácticas laborales y prácticas curriculares, recalcando que la formación académica no debe estar ligada a un contrato laboral y que esto afectaría de lleno al número de instituciones que presentarían plazas para la formación práctica de los universitaria. Valmaña exponía así que “quieren que sean prácticas laborales asociadas a un salarios y a una serie de elementos que son más propios de una relación contractual que una formativa”, recalcando cómo esto podría afectar a los convenios con las empresas reduciendo las posibilidades de los estudiantes de acceder a las tan necesarias prácticas. En esta línea, desde el PP también se ha querido manifestar que incurre en una falta de confianza hacia las propias universidades y su autonomía, pues son estas las que regulan las prácticas y las que velan por su correcto cumplimiento y condiciones. Es por ello que ha señalado que, tanto desde la comisión de empleo como desde la de educación, el Partido Popular va a “luchar para convencer a todos los grupos parlamentarios que una buena regulación es la que cree y la que confía en la autonomía universitaria”.

Cabe destacar que, en el segundo artículo de la propuesta de Ley, se manifiesta que “las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por el alumnado universitario y supervisada por las universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica”, por lo que esta autonomía debería estar respaldada legislativamente. Así mismo, la regulación establecería que “no podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo”, con el objeto de evitar que los estudiantes universitarios sustituyan puestos laborales en vez de los puestos formativos a los que debieran optar.

12 millones para investigación y becas de movilidad en la UMA

En esta misma comparecencia, la diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España junto a Silvia Valmaña han celebrado la transferencia de cerca de 12 millones a la Universidad de Málaga para poder financiar, destinados a proyectos de investigación y a la mejorar de la movilidad estudiantil a través de iniciativas como el Programa Erasmus.

De esta manera, Carolina España ha informado de la apuesta por parte del Ministerio de Educación por la universidad malacitana con una dotación de 4,3 millones de euros para proyectos de investigación de esta Universidad, lo que va a dar cobertura a casi 50 proyectos “que van a poder desarrollarse gracias a esta financiación”. Es así como esta partida se ha visto incrementada en 300.000 euros respecto a la convocatoria anterior, “y en esa línea vamos a seguir trabajando, para que cada vez vengan más recursos”, ha aclarado la diputada nacional. En esta línea también se ha informado cómo desde el Gobierno central se han liberado más de 7,5 millones de euros dedicados a becas de movilidad como las asociadas al Programa Erasmus.

Con estas cifras desde el Partido Popular se quiere evidenciar su apuesta por la investigación universitaria, la cual se enmarca en la estrategia de la Educación Superior y en el propio Pacto Educativo en el que actualmente se trabaja.


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