Hispalense y Colegio de Arquitectos se enzarzan ante la posible imputación del consejero Arellano


Cruce de acusaciones entre la Universidad de Sevilla  y el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS). El anuncio de la investigación por la Fiscalia  al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, el pasado 31 de marzo ha reabierto viejas polémicas entre ambas instituciones. Arellano es investigado, con riesgo de posible imputación, por la gestión en su época de vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense de la adjudicación e inicio de obras del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación (CENTRIUS), en la Isla de la Cartuja, presupuestado en 34,8 millones de euros.

La US afirma que el COAS confunde “procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales”. “Resulta llamativo que el Colegio de Arquitectos de Sevilla utilice la denuncia ante la Fiscalía cuando al mismo tiempo, y por los mismos hechos, ha acudido a la vía Contencioso-Administrativa”, afirma. El COAS contesta a la US, acusándola de no responder a sus requerimientos. “El COAS reclamó, en 2009, al vicerrectorado [de Infraestructuras] que aclarase los hechos” refiriéndose a la adjudicación “sin concurso público y abierto los contratos para la redacción del Proyecto y la Dirección de Obra del Centrius”. Sin embargo, según relata el COAS, el Vicerrectorado de Infraestructuras de la Hispalense “le denegó el acceso al expediente”, lo que motivó que “en julio de 2009 se acordó interponer un recurso contencioso-administrativo para que se le tuviera por parte en dicho expediente”. Continúa el COAS recordando que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) “en 2013, condenó a la US a entregar todo el expediente administrativo”, y sin embargo, tres años después, “aún hoy no ha sido entregado”.

Sin embargo la US insiste en la idea de la judicialización de su relación con el COAS, puesto que declara que la denuncia es una más “de las numerosas actuaciones judiciales que contra la Universidad interpone el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla por actuaciones de diversa naturaleza”. El COAS contraataca afirmando que “se había producido una presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público” y que “el uso de la vía penal [en marzo de 2015] fue excepcional”. Explica el Colegio que, dentro de su política de reclamación a las Administraciones “de que adjudiquen los trabajos de arquitectura mediante concurso público”, la vía habitual es “el diálogo, o en todo caso el contencioso-administrativo”. El órgano colegial llega a acusar a la Hispalense de “haberse fraccionado encargos para disminuir su cuantía y eludir así los requisitos establecidos” pero para la institución académica “ha actuado siempre conforme a Derecho”.

La US exige “el máximo respeto como institución centenaria para ella, para sus empleados públicos y para el servicio que prestan a la comunidad” y respalda al hoy consejero, ayer rector “dejando constancia de su labor desinteresada como servidor público, de su buen hacer y honorabilidad”. Para el Colegio de Arquitectos, “con esta actuación, el COAS cumple con su obligación constitucional” y “colabora con el mejor funcionamiento del Estado de Derecho”. Ambas instituciones sí coinciden en su “plena confianza” y “máximo respeto” en la Justicia.


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