Votar es un derecho que en España está reconocido para todos los ciudadanos. Desde la escuela se enseña a los niños la importancia de saber elegir a los representantes, empezando por el delegado de clase hasta el miembro del Consejo Escolar. Educados en una democracia parece que el valor del voto se pierde conforme se añaden años, llegando a minusvalorar el coste que significó para muchos el que hoy se pueda ejercer este derecho.
La actualidad informativa se llena de elecciones, ya sean para elegir la presidencia de un país, un representante de partido o un cargo que pueda parecer estar lejos pero afecta directamente a la comunidad universitaria: el rector o rectora.
En las Universidades Públicas Andaluzas, exceptuando Sevilla y la UNIA, este cargo viene por elección de toda la comunidad universitaria, es decir se realiza por sufragio universal ponderado. Todos y todas las personas que componen la institución están llamados a votar para elegir el cargo, que después se ponderará según el peso de su sector. Son tres los colectivos que dividen la universidad: PDI, PAS y estudiantes. Siendo el PDI y el PAS los miembros que más tiempo y vinculación tienen con la universidad el valor del voto se diferencia con amplitud. Para ejemplo… un botón: la Universidad de Huelva, actualmente en proceso de elecciones, expone en su Reglamento para elección al Rector que el valor del voto ponderado del PAS es del 10%, una cifra similar al resto de instituciones académicas. El PDI divide la ponderación siguiendo la permanencia y vinculación con la institución, pudiendo llegar hasta el 51% del valor del voto en los casos de los docentes e investigadores con vinculación permanente (titulares, catedráticos…). Si la vinculación no es permanente, es decir aquellos docentes o investigadores cuyos contratos, muchas veces en precario, no tienen la seguridad de continuar por más años o no cumplen las horas exigidas, baja el valor hasta un 6%, una cifra casi ridícula para llamar a la votación.
Pero el caso que aquí más llama la atención es el del estudiantado. Muchas fueron las protestas por tener representación y muchos los gritos y pancartas para que se les diera voz. Objetivo conseguido, el colectivo estudiantil dispone del 25% del valor de ponderación en sus votos. Por cada estudiante que vota, para conseguir el mismo peso se necesitarían unos cuatro docentes no permanentes.
La duda surge sobre la justicia del reparto. Si todos tienen derecho al voto pero un colectivo no lo ejerce ¿debería seguir manteniéndose? La realidad de cada institución y de cada proceso electoral repite que los estudiantes apenas acuden a votar, muchos de ellos ni siquiera están informados de que pueden o de que están en campaña para elegir un cargo. Las decisiones y políticas que después se tomen les afectará directamente a ellos y a los que detrás vengan. Al igual que con un país, una Universidad se torna un pequeño Gobierno, con presupuestos, servicios directos y programas de ayuda. Un fantasma asola Europa y se vuelve a hablar de derecha e izquierda, si no levantamos el espíritu democrático entre la juventud, ¿quién asegura que en España, cuando nos enfrentemos a esta realidad se tome en serio?.
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