José Manuel Torralba: “La LEMES fomenta la competitividad, no la confrontación”

Las disposiciones que recoge el anteproyecto de ley en relación a la financiación de las universidades son importantes y ambiciosas, pero debe tenerse en cuenta que, desde luego en este aspecto, la ley supone un  marco de referencia que debe poner en marcha a todos los agentes del sistema madrileño de enseñanza superior para impulsarlo y desarrollarlo.  La fijación de un nivel de financiación básica persigue dotar a las universidades de unos recursos estables y previsibles que le permitan planificar a largo y medio plazo sus necesidades estructurales tanto de personal como de material e infraestructuras sin tener que estar pendiente de coyunturas pasajeras. La financiación variable, tanto a través de contratos programa con cada una de las Universidades  como a través  de convocatorias competitivas y programas de incentivos a las que puedan acceder todas ellas, persigue dotar a las Universidades del apoyo necesario para extraer el máximo potencial de esa estructura. No debe entenderse el fomento de la competitividad como un enfrentamiento entre universidades o departamentos, sino un marco de referencia que permita a los profesores e investigadores incorporarse, como están deseando hacer y de hecho hacen muchos ya, a las mejores prácticas académicas tal y como estas están implantadas en las organizaciones de enseñanza superior más prestigiosas del mundo.

¿Cómo se medirán esas variables?

La ley supone un punto de partida, pero tendrá que ser impulsada por profesores, investigadores, universidades, centros de investigación y administraciones públicas, una vez que entre en vigor. Son ellos, a través de contratos programa,  convocatorias competitivas y programas de incentivo los que tendrán que diseñar e implementar estos indicadores. La ley deja muy claro que esta fijación debe hacerse, en primer lugar, en un entorno de transparencia y objetividad. Permite también una gran flexibilidad. La riqueza del espacio madrileño de enseñanza superior es enorme, con distintas instituciones con una gran potencialidad y con perfiles muy diferenciados que los instrumentos recogidos en la ley permiten implementar en sus aspectos más positivos.

Investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento de las universidades. Son los tres pilares para alcanzar esa financiación variable. ¿Tendrá más peso una que otra dentro de esas variables?

Más allá de la autonomía que tendrán los agentes del sistema de financiación para fijar objetivos concretos, la ley que se propone entiende, como yo creo que lo hace todo el que sabe un poco de enseñanza superior, que estos tres pilares que comentas no sólo son complementarios entre sí, sino que es imposible que no avancen en paralelo. Es obvio que deben potenciarse los tres y las sinergias que entre ellos generan.

Algún rector ha criticado que esta nueva ley se vuelca en la investigación, pero se deja de lado la docencia. ¿Qué opina?

El anteproyecto de ley hace un esfuerzo importante para poner en valor la docencia como un elemento central. Valorar en primer lugar la labor docente diaria entendida no como una carga sino como el principal medio de transmisión de conocimientos a los estudiantes y las nuevas generaciones cuya calidad debe ser valorada como un objetivo de valor primordial. Persigue también que se valore la tarea docente en su toda su amplia extensión: la docencia es algo más que la hora que se pasa con el alumno en un aula. La preparación de las clases, las tutorías, la dirección y supervisión de trabajos, la puesta en marcha de proyectos docentes son esfuerzos fundamentales para la calidad docente que no deben ser tenidos en cuenta y valorados. La ley recoge también la necesidad de impulsar y valorar los esfuerzos más innovadores en materia docente que se realizan, por ejemplo, a través de programas de renovación pedagógica, a través de la docencia en idiomas de impacto internacional y científico y a través de nuevas formas de impartición y contacto con el alumnado como los MOOCS.

¿Tanto peso de la investigación hará que investigadores se contraten por vías diferentes a las habituales o esa opción está descartada?

Esta ley no crea, tampoco la Comunidad de Madrid tiene competencias para hacerlo, nuevos mecanismos o vías de contratación de investigadores. La normativa básica nos limita en este aspecto y lo cierto es que nos encontramos cómodos dentro de ella. Lo que sí trata de hacer esta ley es dotar a las Universidades de herramientas y posibilidades, que si lo estiman conveniente, puedan utilizar para que sus profesores e investigadores den un salto de calidad en su actividad académica. Los Grupos y los Centros de Investigación de Altos Rendimiento son un buen ejemplo de ello. Los grupos y los institutos de investigación son figuras que ya tienen un recorrido importante en nuestra legislación y en nuestras Universidades y lo que esta ley pretende es establecer unos criterios que permitan que los grupos e institutos actualmente existentes, o los que las Universidades decidan crear, puedan desenvolverse en un entorno que favorezca su desempeño dentro de los estándares internacionales más  exigentes.

Un aspecto muy considerado es la internacionalización, donde solo la UAM está entre las mejores universidades del mundo. ¿Por qué está costando tanto conseguir buenos resultados en esta línea?

Esta ley pretende la mejora de la actividad docente, investigadora y de transferencia de nuestras instituciones de educación superior. Si todos los que tenemos responsabilidad en este campo nos comprometemos, en la teoría y en la práctica, con la consecución de estos objetivos la subida en estos rankings será una consecuencia inevitable.

Tenemos, en cualquier caso, que analizar estos rankings con realismo y ambición. En primer lugar debemos de ser conscientes de que las universidades madrileñas compiten en esos rankings con instituciones que disponen de un presupuesto por alumno hasta diez veces superior al de las nuestras. También debemos valorar que pese a las objetivas carencias de nuestras universidades hay también motivos para el optimismo. El Ranking QS Top 50 Under 50 2016-2017 sitúa no solo la Universidad Autónoma de Madrid sino también a la Universidad Carlos III entre las veinte mejores Universidades del mundo con menos de cincuenta años. En todas nuestras universidades hay profesores, departamentos y grupos de investigación que están en la vanguardia de la docencia y la investigación de los campos en los que se especializan. Queremos aprender de las mejores prácticas que se están llevando a cabo en otros países y regiones españolas pero estos ejemplos de excelencia que están ya presentes entre nosotros deben de ser uno de nuestros principales puntos de referencia.

Dentro de esta nueva Ley, ¿cómo se fomentará la internacionalización entre profesores, estudiantes y personal administrativo?

Facilitar la atracción y retención del talento académico, madrileño, español e internacional, es una de las obsesiones de esta ley. Ayudar a la impartición de titulaciones en inglés cuando el proyecto docente e investigador lo permita y aconseje está claro que puede ayudar a atraer alumnos y  profesores extranjeros, así como aumentar la proyección internacional de los nuestros. Esto debe de hacerse, por supuesto, sin olvidarse de poner en valor el papel internacional y científico del idioma español, que es uno de nuestros principales puntales de atracción internacional.

La ley prevé también un programa en el que las universidades que así lo deseen puedan convocar plazas con criterios reforzados de publicidad y libre concurrencia y que pretende convertirse en un foco de atracción de talento de nivel internacional. De igual modo  se persigue que la figura del profesor visitante universitario sea lo suficientemente flexible para permitir la incorporación inicial de este tipo de profesores venciendo las dificultades burocráticas que ahora se encuentran a veces las Universidades.

Buscará también mayor participación de los estudiantes creando el Consejo de Estudiantes Universitario. ¿Qué funciones va a desarrollar y cómo se va a insertar en el funcionamiento de las universidades?

En realidad, el Consejo de Estudiantes Interuniversitario fue creado por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, como un órgano de deliberación, consulta y participación en materia de política universitaria de los estudiantes universitarios madrileños, y está a punto de aprobarse el Decreto por el que se aprueba su reglamento de funciones y organización interna. Sin embargo, hemos entendido que una norma que regule el Espacio Madrileño de Educación Superior no podía dejar de lado este Consejo y debía recogerse dentro de su articulado como un elemento más de este Espacio. La Comunidad de Madrid tenía un Consejo de Estudiantes que se suprimió en 2008. El nuevo equipo de gobierno entendió que una Comunidad que cuenta con el mayor número de estudiantes y centros universitarios de toda España, debía garantizar el derecho de los estudiantes, que deben ser los protagonistas últimos de la actividad universitaria, a participar en la política universitaria y en la gestión de la educación superior. Su voz, sus opiniones e ideas son fundamentales. Por ello, es esencial recoger su existencia en la Ley.

Las funciones del Consejo serán:

• Representar los derechos de los estudiantes en el ámbito de la política universitaria desarrollada por la Comunidad de Madrid.
• Debatir los temas de interés interuniversitario que se propongan desde la Consejería o a iniciativa de cualquiera de las universidades.
• Manifestar ante la Comunidad de Madrid y el resto de instancias públicas o privadas la opinión de los estudiantes de las Universidades madrileñas sobre asuntos relacionados con las enseñanzas universitarias y la mejora de la calidad de los estudios.
• Ser oído en relación con cualquier propuesta legislativa que afecte de modo directo a los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid y especialmente sobre las disposiciones de ésta referidas a precios públicos por enseñanzas conducentes a títulos universitarios oficiales y así como a los programas de becas y ayudas al estudio.
• Elevar propuestas al Gobierno de la Comunidad en materias relacionadas con los estudiantes universitarios.

La creación del Consejo no afecta al funcionamiento de las universidades. Se trata de un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid. La participación de las universidades viene determinada porque corresponderá al máximo órgano de representación de los estudiantes en cada universidad la designación de los vocales del Consejo.

Otro de los puntos importantes son las Enseñanzas Artísticas Superiores. ¿Se integrarán en este LEMES? ¿Tendrán su propia Universidad en el futuro?

La ley se concibe como un instrumento de desarrollo y potenciación de toda aquella actividad académica, docente e investigadora que se desarrolle en el marco de la Enseñanza Superior y estas Enseñanzas forman parte de pleno derecho del Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid cuenta con centros de referencia a nivel nacional en la impartición de estas enseñanzas, centros que en la actualidad no solo imparten títulos superiores, equivalentes a grados universitarios, sino que comienzan a tener una interesante oferta en másteres. Este equipo ha hecho una apuesta firme por la plena incorporación de estas enseñanzas en el espacio de educación superior que le corresponde y recuperarlas de un limbo de abandono donde estaban sumidas desde hacía muchos años. Si bien es cierto que hay aún un camino por recorrer e importantes adaptaciones que realizar en muchos ámbitos como profesorado, estructura y funcionamiento de centros, capacidad investigadora, etc. una vez recorramos este camino, una Universidad sería su estructura natural de funcionamiento.

La última. Han sido años de recortes en Educación. ¿Se va a incrementar el presupuesto en las universidades?

En 2015 ya empezamos asumiendo los compromisos que tenía la Consejería con las Universidades y que se rompieron fruto de la crisis económica. Y en 2016 hemos pagado a las universidades 287.348.035 euros añadidos a sus nominativas para gastos corrientes y de inversión que supone la devolución a las universidades, con intereses, de las cuantías recortadas entre los años 2008 y 2012. Además, la Comunidad de Madrid, ha reducido en un 15 por ciento el precio público de los Grados y en un 20 por ciento el de los másteres oficiales. Para que esta reducción no suponga una disminución en los ingresos por matrícula de las Universidades, en 2016 hemos aportado a las universidades 39,5 millones de euros más. Por tanto, la Comunidad está haciendo un considerable esfuerzo por dotar a las universidades públicas de una financiación adecuada.

También estamos trabajando para incrementar los recursos de las universidades por otras vías que no sean la financiación directa: hemos aprobado el PRICIT que constituirá una vía para financiar las actividades de investigación e innovación de las universidades, entre otros centros de investigación, a través de convocatorias competitivas. Hemos incrementado los fondos y las modalidades de becas para conseguir más estudiantes en las universidades y que nadie abandone los estudios por falta de recursos. Hemos iniciado una vía de colaboración con las universidades para asistir de forma conjunta a ferias nacionales e internacionales donde se ofrezca una imagen conjunta de las universidades de Madrid como punto de atracción de estudiantes.

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