Tras las cientos de noticias generadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, sobre el formato de la nueva prueba de acceso a la universidad (PAU) siguiendo las directrices de la LOMCE, unidas a la petición del grupo socialista de suspender el calendario de implantación y la posterior reclamación de Gobierno, así como las solicitudes generados por los vicerrectores españoles o la propia CRUE, Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado que, finalmente, la PAU mantendrá una estructura similar a la de otros años.
Tras la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada ayer lunes 28 de noviembre, el ministro anunció la retirada de la orden ministerial que regulaba las características de las reválidas. Con este acuerdo entre los consejeros de las Comunidades Autónomas y el propio Ministerio de Educación, se pone fin a las reválidas tanto de secundaria como de acceso a la universidad. En el caso de las pruebas previstas para 4º de ESO no serán obligatorias realizarlas, siendo de carácter muestral y no censal, tal y como establecía la LOMCE, y ofreciendo así un diagnóstico de la realidad educativa.
Respecto a la prueba de acceso a la universidad se establecen seis exámenes de las asignaturas troncales solo de las cursadas durante segundo curso. Además, desde el Ministerio se ha asegurado la continuidad del Distrito Único para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las diferentes universidades del territorio español. Los exámenes estarán a cargo de las universidades siendo la única diferencia con otros años la adaptación de los contenidos “al curriculum de la ley”, tal y como ha manifestado Méndez de Vigo. De este modo, el Gobierno controlaría el 65% de los contenidos de las pruebas, pues las asignaturas a examinar al ser de carácter troncal mantienen los contenidos en toda España, respetando a la vez las competencias autonómicas.
La paralización de la Ley supondría que el Gobierno tendrá que proponer un texto alternativo al realizado para la paralización del calendario de implantación, siendo la fecha señalada el próximo 15 de diciembre. Este día el Pleno del Congreso debatirá la iniciativa del grupo socialista de paralización del calendario de implantación, propuesta que el Gobierno quiso vetar por considerar que afectaba de lleno a los Presupuestos del Estado a través de los Fondos Europeos con los que se iba a financiar la aplicación de la Ley.
Con el acuerdo entre consejeros y ministro se adelanta un paso hacia el futuro Pacto de Estado por la Educación, dando a la vez un “gesto de buena voluntad” por parte del Gobierno con el compromiso de retirar los recursos contra las Comunidades Autónomas por las pruebas de primaria, del mismo modo que, en palabras del ministro “las comunidades que han presentado algún recurso contra este ministerio han dicho que harán lo propio”.
Los consejeros de Educación han manifestado su apoyo a los acuerdos llegados. Así, por ejemplo desde Andalucía la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, se ha mostrado muy optimista y ha subrayado que es un acuerdo alcanzado por “todos”.
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