La Asamblea Feminista Unitaria ha solicitado este lunes la creación de una comisión de investigación por el caso de una estudiante de la Universidad de Granada que interpuso una demanda contra un profesor por acoso sexual. Según esta entidad, la chica habría sufrido abusos “al menos en dos ocasiones” por parte de este docente que, presuntamente “la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles” en el pasado mes de diciembre.
La UGR ha emitido un comunicado en el que asegura que el Defensor Universitario y el Inspector de Servicios “actuaron con celeridad, ofreciendo a la denunciante su apoyo y la atención jurídica, médica y psicológica de los servicios de la UGR”. “Desde un principio”, reza la nota remitida a los medios, “se han adoptado además las medidas de protección oportunas y se ha mantenido un estrecho y constante seguimiento del caso”.
La institución elabora en la actualidad un ‘Procedimiento para la prevención, actuación y protección ante casos de acoso’. Este instrumento “pretende congregar las actuaciones pertinentes para prevenir, detectar y actuar contra las situaciones de acoso laboral, sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y otras discriminaciones según las convicciones religiosas o de origen, que se puedan llevar a cabo en la Universidad de Granada“. Al margen de esta iniciativa, la institución ha querido recalcar que “mantiene en todo momento la atención a las víctimas y a las denuncias presentadas”.
De acuerdo con la Asamblea Feminista, el supuesto abusador ha seguido ejerciendo la docencia “con normalidad”, con el agravante “de haber violado el principio de confidencialidad” al haber dado a conocer el caso y las identidades de los implicados a compañeros de aula de denunciado y denunciante. La chica, a la que la asamblea ha llamado, a modo ficticio, Paula, padece depresión mixta y “se siente acosada, juzgada, insegura y nada protegida por la Universidad”. Según denuncia esta plataforma, la estudiante cambió de clase, pero tuvo que hacer frente al examen de la asignatura confeccionado por el denunciado, el cual suspendió.
Por estos hechos, Asamblea Feminista Unitaria ha pedido un protocolo gracias al cual, explican, “podría tener servicios de acompañamiento” como asesoría con profesionales expertas en género, una oficina específica y teléfono de denuncia o protección a la víctima. Basan su solicitud en las recomendaciones de la memoria final de 2008 del Instituto de la Mujer sobre violencia de género en las universidades españolas.
Presentan el ejemplo de la Universidad Jaume I de Castellón, donde el caso “hubiera pasado a una Comisión Investigadora, independientemente de la denuncia que ella hubiera puesto por vía penal”. Como consecuencia, se verificaría internamente el caso y se remitiría al Rectorado, que sería responsable de abrir expediente y denunciar al docente. “Todo el proceso hubiera durado 45 días”, asegura la Asamblea Feminista”, que fija en 30 jornadas la duración del procedimiento en la Universitat de València y en 25 en la de Valladolid. En el caso de la Universidad de Granada, “es muy probable que la situación se prolongue hasta que se resuelva el juicio por vía penal, proceso que puede llegar a tardar hasta un año”.
Además del protocolo de actuación y la comisión de investigación, esta asociación ha solicitado que se cree “un registro anual con los datos estadísticos de estos casos y su persecución”, así como “que la Universidad denuncie públicamente estos casos y se comprometa de forma activa en la lucha contra el machismo que día a día está presente en sus aulas”.
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