Un equipo de investigación internacional en el que participa activamente la Universidad de Granada, ha desarrollado un sistema informático inteligente de escaneado de datos que permite rastrear páginas webs y correos electrónicos en busca de indicios de crimen organizado, así como estimar el riesgo de que se produzcan diversas actividades ilegales.
Bautizado ePOOLICE, el proyecto ha sido financiado por la Unión Europea mediante el 7º programa marco, que comenzó en el 2013. Desarrollado por un consorcio de empresas, fuerzas de seguridad y analistas de inteligencia, por el proyecto han pasado nombres como la Europol, la Guardia Civil, West Yorkshire Police, Bavarian Police y algunos centros de educación superior, entre los que se encuentra la Universidad de Granada.
El proyecto, liderado por María José Martín Bautista, es de un marcado carácter multidisciplinar, ha contado con la participación de investigadores del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y del Instituto Andaluz de Criminología, ambos con sede en la Universidad de Granada. Como explica Martín Bautista, el objetivo general de ePOOLICE “es la creación de herramientas que permitan anticipar y combatir de forma más efectiva la implantación y la expansión de los grupos organizados de delincuencia en delitos como el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la generación y distribución de pornografía infantil o la ciber-delincuencia”.
El escaner integra varios componentes desarrollados por diversos organismos de investigación europeos, que monitorizan la web y generan automáticamente alertas de escenarios que pueden favorecer el aumento de las amenazas relacionadas con el crimen organizado. El prototipo implementa las últimas tecnologías en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento, la minería de datos, la fusión de información y el análisis inteligente de Big Data. Una de las virtudes del sistema desarrollado en este proyecto es la de crear un entorno seguro para la utilización de datos, de manera que los investigadores han tenido en cuenta durante todo el proceso la necesidad de proteger el derecho constitucional a la intimidad y, al mismo tiempo, utilizar los avances tecnológicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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