El caso de los gastos sin control de las tarjetas de crédito en la Universidad de Cádiz durante el periodo rectoral de Diego Sales, lleva a indagar qué sucede en el resto de universidades andaluzas.
En primer lugar, lo que algunos medios de comunicación han criticado del uso de estas tarjetas es que fuera sin control y por parte de numerosos vicerrectores y directores generales de la Universidad de Cádiz, algo que desde la misma, han dejado claro que acabó con la llegada del actual rector Eduardo González Mazo.
Mediante comunicado informaron, además, que se llevará a cabo la “realización del análisis pormenorizado de la aplicación de los gastos efectuados con tarjeta visa por el anterior equipo de dirección durante el período 2007-2011. Este análisis se llevará a cabo sobre los documentos que justificaron dichos pagos e importes, que se encuentran disponibles en las unidades responsables como consecuencia de la aplicación del procedimiento establecido para su contabilidad y control”.
Una situación complicada para la UCA, ya que provocó que un numeroso grupo de estudiantes de la universidad interrumpieran la celebración del Claustro Universitario gaditano la pasada semana. Aunque como bien indican desde la propia universidad, lo que resulta sorprendente es que ningún sindicato, asociación universitaria ni nadie en particular haya denunciado por la vía legal y administrativa estos sucesos y que fuera una filtración interna quien destapara el caso a los medios de comunicación. Eso sí, hasta esta pasada semana en la que UPyD en Cádiz anunció llevar a la Fiscalía tras conocer los hechos de forma pública.
Tarjetas en Andalucía.
Tras estos hechos, repasamos la situación en el resto de universidades andaluzas para ver cuáles utilizan tarjetas de representación o de gestión del gasto y qué nivel de control se realiza sobre ellas.
La Universidad de Córdoba (UCO) no cuenta actualmente con tarjetas de crédito corporativas, que fueron eliminadas por el nuevo equipo de Gobierno con la llegada del nuevo rector, José Carlos Gómez Villamandos, desde el pasado mes de junio. Así lo recordaba el propio rector el pasado lunes, al término de la reunión del Claustro de la Universidad.
No en vano, “eliminar las tarjetas de crédito corporativas de los miembros del equipo de dirección y limitar su gasto telefónico, ampliando y mejorando otras vías de comunicación”, era una de las acciones incluidas en el compromiso 1 sobre ‘Gobernanza y gestión’ que incluía el programa con el que el actual rector concurrió a las elecciones. Eliminación de estas tarjetas que el propio Gómez Villamandos explicó entonces que haría no porque hubiera algún descontrol o uso fraudulento de estas tarjetas, sino como señal “ejemplarizante y de transparencia”.
Estas tarjetas sí existían en tiempos del anterior rector, José Manuel Roldán, que contaba con una de ellas al igual que cada uno de los vicerrectores -entre los que se encontraba el propio rector actual antes de su dimisión para presentarse a las elecciones a rector-; aunque según distintas fuentes universitarias consultadas estaban sujetas a control y nunca se registraron sospechas de mal uso. Desde sectores como los sindicatos se ha confirmado a Aula Magna que, de momento, no se plantea solicitar al actual equipo de Gobierno de la UCO que revise los gastos que se realizaron con estas tarjetas en el pasado.
Por su parte, en la Universidad de Málaga se muestran tajantes en que no disponen de tarjetas de crédito para representación y gestión del equipo de gobierno y su rectora, Adelaida de la Calle, no dispone de ninguna tarjeta. Únicamente existe una para Cultura y es exclusivamente para pagar derechos de emisión de películas extranjeras.
En la Universidad de Granada, hay dos centenas de tarjetas de crédito Visa, pero para uso de los equipos de investigación y funcionariado, pero en ningún caso son usadas por el equipo de gobierno de la universidad. Estas tarjetas están fiscalizadas, controladas mensualmente y no se puede gastar más de 3.000 euros al mes. Si se pasan, deberán ser revisadas para comprobar si pueden volver a usarse.
Por otro lado, en la Universidad de Jaén existe una única tarjeta para este tipo de gastos cuyo titular es el rector de la UJA, Manuel Parras Rosa. Esta, está sometida a una auditoría bajo control del Consejo de Gobierno y no se conoce alguna anomalía o mal uso de ella, según fuentes de la universidad jiennense.
Por su parte, desde la Universidad de Sevilla han confirmado que sólo el rector, Antonio Ramírez de Arellano, dispone de tarjetas de representación. Fuentes cercanas al rectorado han explicado a Aula Magna que dicha tarjeta tiene un límite de 6.000 euros al mes, pero que sin embargo, el rector de la US, desde el 1 de enero al 19 de diciembre de 2014, sólo había gastado un total de 4.925 euros, principalmente en hoteles y estancias por motivos de trabajo.
Asimismo, y sin salir de Sevilla, en la Pablo de Olavide, según fuentes del Rectorado no existen tarjetas de representación, de hecho, ni el rector ni su equipo disponen de estas. La UPO dispone de cuatro tarjetas para compra de material, y no para gastos de representación ni personales. El Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías dispone de una de ellas que junto con la del centro de Informática ha propiciado un gasto de 3.500 euros. La Biblioteca también dispone de una de ellas y ha gastado 4.300 euros, igualmente en compra de material como libros o revistas electrónicas. La última de estas tarjetas está a disposición del conductor de la UPO con la que puede pagar gasolina y peajes. En 2014, esta tarjeta ha tenido un cargo de 4.200 euros de los cuales 1.800 han sido destinados a la reparación del coche.
En el caso de la Universidad de Almería sólo existe una tarjeta que es la del rector de la UAL, Pedro Molina, y que se ha usado de forma “muy limitada”. Al otro extremo de Andalucía, en la Universidad de Huelva sí existen tarjetas de crédito que son cuatro: para el rector, el gerente, el chófer y la Biblioteca, pero se someten a control y no hay sospechas de mal uso, según fuentes del CSIF en Huelva, no se plantean emprender acciones para la investigación de su uso.
Una situación muy compleja la existente en esta materia en las Universidades Públicas de Andalucía, pero puesta en entredicho a partir de una información filtrada que se hace pública, no por la denuncia de ningún organismo, entidad o asociación relacionada con la Universidad. Lo que se resalta de esta situación es que a la Universidad Pública española le queda camino que recorrer en cuanto a la transparencia de la gestión se refiere. Algo que se irá acentuando más en un contexto en el que se exige esta misma transparencia a las instituciones públicas españolas y la propia sociedad lo demanda cada vez más.
Elaborado en conjunto por la redacción de Aula Magna en Andalucía.
Compartir