Los rectores andaluces manifiestan su descontento ante los ajustes económicos de la Junta

Los rectores andaluces manifiestan su descontento ante los ajustes económicos de la Junta


Los rectores y rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía han remitido un escrito a la Junta mostrando su descontento ante los recortes en materia de universidad. Recalcando la absoluta “lealtad institucional”, los responsables universitarios han recopilado varios puntos claves sobre los que asentar su reivindicación para solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la revisión de las medidas económicas.

Tal y como han manifestado en su escrito, el fin del comunicado es modificar los ajustes económicos de “forma negociada con las universidades, buscando un consenso que permita a las universidades demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura”.

Cabe destacar que, el pasado 18 de mayo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía solicitó la creación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros. Este fondo sumaría la aportación de 135 millones por parte de las Universidades Públicas de Andalucía, dinero que saldría de sus presupuestos nominativos, destinados a la cobertura de gastos corrientes.

La Junta autorizó a las Universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados, siendo estos un aporte económico procedente de anteriores convocatorias que no habrían sido utilizado por diversas causas. Por otro lado, también se aprobaron medidas complementarias como el pago de la deuda contraída por la Junta con las Universidades desde el año 2015 y autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros.

Esta solicitud de fondos no afecta de igual manera a las 10 Universidades Públicas de Andalucía, pues algunas de ellas no poseen remanentes de los que aportar al Fondo ni deuda pendiente de cobro. Así, estas universidades quedarían entonces exceptuadas de esta reducción presupuestaria y tampoco participarían en un plan paralelo de inversiones. en su comunicado, los rectores y rectoras abogan por articular mecanismos compensatorios que permitan evitar la pérdida de la convergencia a la que esta situación nos puede llevar y a la que, por mandato legal, se debe tender. Todo ello encaminado a asegurar que una mayor diferencia en el desarrollo entre las universidades andaluzas no pueda comprometer la viabilidad de ninguna institución.

Solidarias y comprometidas

En el comunicado emitido por los rectores y rectoras, los representantes universitarios reiteran la “actitud solidaria de las universidades públicas andaluzas“, subrayando “su buena disposición a contribuir, de manera proporcionada y justa, a cuantas acciones correspondan para favorecer la recuperación económica y la atención a los grupos más desfavorecidos”.

En esta línea consideran sin embargo que, el uso de los remanentes generaría déficit en la liquidación de cuentas de las universidades, déficit que consolida con el propio de la Junta de Andalucía, razón por la cual tienen que ser autorizados anualmente. Así, los remanentes de tesorería conforman una parte sustancial de la posición financiera de las universidades públicas andaluzas para afrontar las inversiones estratégicas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades, por lo que, de forma reiterada y durante los últimos años, se ha solicitado poder utilizarlos, de forma progresiva, para la mejora del servicio público que prestan, sobre todo en ausencia de un plan plurianual de inversiones de la Junta de Andalucía.

Por ello, las Universidades Públicas de Andalucía han manifestado que no comparten la forma y medida en que se ha hecho para su contribución en el FESE. Los motivos que han alegado se distribuyen en tres puntos clave:

  1. El ajuste propuesto no solo comporta una reducción patrimonial neta para las Universidades públicas andaluzas, sino que genera incertidumbre sobre el futuro al tener que afrontar el mismo, si se aplica la solución propuesta, con un fondo de contingencia que se verá reducido de manera considerable.
  2. En términos plurianuales, el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una reducción de la financiación del conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz, algo que ya ocurrió en el año 2019. Así, por tanto, siendo cierto que la capacidad de ejecución del presupuesto de las universidades para este ejercicio económico 2020 no se resiente, la capacidad financiera de las universidades en términos plurianuales se reduce en la cantidad de 135 millones de euros.
  3. Los remanentes de tesorería suponen una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias. La reducción en un solo año del 31.8% de estos remanentes para su uso en gastos corrientes (que es lo que representan los 135 M€ respecto al total de remanentes del sistema a finales de 2019) supondrá una merma importante en el patrimonio de las Universidades públicas andaluzas y, por tanto, en su capacidad de respuesta ante nuevas eventualidades, especialmente en un contexto económico de especial dificultad como el que se prevé para el ejercicio económico de 2021.

Como respuesta a la Junta de Andalucía, desde las universidades han señalado que “se deben explorar otras posibles soluciones, que, teniendo un resultado equivalente en la aportación de las Universidades públicas andaluzas al FESE, no debilite la posición financiera de las mismas para futuros ejercicios económicos”. Siguiendo el comunicado, los rectores y rectoras suman que “entendemos que una de estas posibles soluciones podría consistir en mantener el aplazamiento del pago de la deuda, de manera que esos 126,9 millones de euros sean los que se destinen al FESE, autorizando en paralelo el uso de solo 135 millones de euros de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis de la COVID-19”

Finalmente, los responsables universitarios solicitan que se aclaren los mecanismos y los plazos que permitan la ejecución de los fondos autorizados para infraestructuras. en eset sentido exponen que “los procedimientos administrativos de este tipo de inversiones son largos y complejos, y es muy difícil, a estas alturas del año, comprometer estos 126 millones a la fecha propuesta de 31 de diciembre de 2020”.


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