El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien compareció ayer en la Comisión de Economía del Parlamento andaluz, ha señalado que “está dispuesto a ampliar la bonificación de matrículas a la UNED a los alumnos que residan en Andalucía”, subrayando a la vez que aunque la Junta de comprometa a ello “es el Gobierno central como responsable de esta institución quien tiene en su mano la gratuidad de las matrículas de este centro académico y de las universidades de toda España”.
El anuncio se ha enmarcado en el debate sobre la gratuidad de la educación superior en el resto de España, siendo el ejemplo andaluz con la bonificación de las matrículas el primer paso para el acceso a toda la ciudadanía a las universidades públicas. El objetivo de estas políticas de precios es eliminar el papel de las universidades como “ascensor social” convirtiendo el acceso a los estudios en un derecho, al igual que se estipula en el resto de países desarrollados. De esta forma, el consejero ha explicado que las administraciones sufragan el 85% del coste de las universidades a todos los estudiantes, con independencia de su nivel de renta. Por tanto, queda un 15% por cubrir que es el que ahora bonifica Andalucía y que se pretende que el Estado elimine en el conjunto del país.
En cuanto a la UNED, Ramírez de Arellano ha subrayado que para el Gobierno andaluz esta es una “universidad de referencia”. Por ello, responsables de la Consejería de Economía se han reunido con representantes del alumnado de esta universidad, con la “vocación de escuchar y poder encontrar soluciones” que tendrían un carácter transitorio hasta que se lograra la gratuidad de matrícula en toda España. En esta línea, Ramírez de Arellano ha recordado que cualquier opción “legal y sostenible económicamente” debe contar con el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz y también del Consejo Social de la UNED, entidad dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la Universidad de Educación a Distancia, de los que 20.000 son andaluces, y de éstos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación. El consejero ha señalado que los datos sobre matriculación de los que se disponen sobre el número de créditos de los que se matriculan estos alumnos de media son antiguos y se sitúan en 30 al año, una cifra que hay que actualizar para analizar la situación.
En cuanto a la política de becas, ha explicado que se concibe como un sistema asistencial, tremendamente complejo, con cada vez un número mayor de requisitos para convertirse en beneficiario y que no reconoce el esfuerzo de los estudiantes, generando “importantes disfunciones”. Así, “un alumno con un rendimiento medio-alto pero que suspenda una sola asignatura, puede quedar sin beca”. Además, se produce el llamado efecto de “expulsión previa”, dado que sin la posibilidad de beca hay personas que no se plantean iniciar o continuar los estudios. Todo esto ha dado como resultado la expulsión del sistema de un número importante de estudiantes y que cada vez el número de becarios sea menor.
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