La propia facultad denunció el caso del profesor condenado por prevaricación en 2007

La propia facultad denunció el caso del profesor condenado por prevaricación en 2007


El Tribunal Supremo emitía en el día de ayer una sentencia contra Fernando Peñafiel, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, al considerar que existía un presunto delito de prevaricación por calificar con un sobresaliente el examen de una alumna que presuntamente ni se presentó al examen ni siquiera realizó algún trabajo académico que pudiera justificar tal puntuación. A raíz de esta calificación fue que la alumna pudo finalizar sus estudios de licenciatura en Pedagogía por la institución granadina.

Aunque la Audiencia Provincial ya condenó al docente, esta sentencia supone la primera del Tribunal Supremo para un docente por un delito de prevaricación. Además, la misma también condenó a la administradora adjunta de la mencionada Facultad por considerarla cooperadora al facilitar el contacto entre el profesor y la alumna, ya que según el texto publicado por el Tribunal, ni siquiera se conocían. Al parecer y siempre según el texto publicado, la administradora conocía al docente y le pidió que aprobara a la estudiante, después de que la alumna le expusiera a la administradora el problema de que no podía acudir a Granada a realizar una asignatura y que por lo tanto no podía conseguir su título en Pedagogía desde Cádiz por estar trabajando allí y por faltarle créditos para la obtención del mismo.

Así y tras rechazar la Sala de lo Penal el recurso del profesor contra la sentencia de la Audiencia de Granada, Peñafiel ha sido condenado a siete años de inhabilitación. Mismo tiempo que deberá permanecer fuera de su puesto de trabajo la administradora de la Facultad de Ciencias de la Educación que presuntamente colaboró en el delito.

Los correos electrónicos entre la alumna y la administradora adjunta han sido clave para el rechazo de los argumentos que las defensas de los condenados expresaron en un recurso de casación. También, la sentencia registra que la administradora permitió a la alumna tramitar la matrícula en la asignatura pese a que el plazo se había cerrado dos meses atrás.

Por otro lado, y ante los argumentos referentes a la libertad de cátedra, el Supremo expone que “esta nunca constituye una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de  modo libérrimo y menos,  exento de control que excluya la arbitrariedad”, rechazando también que la nota del examen no revista el “carácter de resolución decisoria dictada en asunto administrativo”, como exponía la defensa del docente, y alegando por tanto que “sí constituye un acto administrativo de resolución definitiva en un procedimiento de tal naturaleza”.

La UGR pide tranquilidad

Aula Magna ha hablado personalmente con el gabinete de comunicación de la Universidad granadina que aunque manifiesta que “no deja de ser preocupante que haya un caso de este tipo y en general que haya casos que contradigan la normativa”, se muestra tranquila a raíz de la eficiencia de los mecanismos de control, “No obstante, nos tranquiliza que hayan funcionado perfectamente los mecanismos de control y que la propia justicia haya funcionado, atendiendo a todas las garantías de legalidad y llevando a la condena a alguien del que al parecer existían pruebas de que había actuado de forma fraudulenta”, explicaba José Ángel Ibáñez, director del citado gabinete.

Un presunto delito que la propia Facultad de la UGR fue la que lo destapó, “En este caso fue la propia facultad y su personal el que puso de relieve este caso y el que lo ha llevado a la justicia”, revelaba Ibáñez.

Por ello, el director del gabinete quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad universitaria, “Nos tranquiliza que estamos hablando de un caso. De uno de los 3.500 docentes que hay en la Universidad de Granada. De una de las 2.000 asignaturas que anualmente se imparten con sus correspondientes convocatorias y de uno de 5.000 estudiantes. Es decir, estamos hablando de una gota en el océano, por lo que desde estos grandísimos números queremos tranquilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, puesto que la Universidad está mayoritariamente cumpliendo con la legalidad. La tarea que nos encomiendan de docencia y de evaluación está mayoritariamente cubierta por cada profesor”, afirmaba.

Con respecto a las medidas y a pesar de que desde 2007 el docente seguía ejerciendo su labor al mantenerle la presunción de inocencia y al considerar que “no había riesgo de ningún tipo porque no se trataba de un caso de violencia ni de acoso, sino que se trataba de un caso de supuesto mal comportamiento anti-ético o alegal”, a partir de la próxima reunión de equipo, “se empezará a tratar de inmediato”, aseguraba José Ángel, quien además revelaba que una de las primeras medidas podría ser la invalidación del título de la alumna implicada, “Se van a estudiar las medidas a adoptar a título interno una vez que se tenga la sentencia. Probablemente se iniciará de oficio una investigación relacionada con el conjunto de su curriculum y de su expediente para ver qué beneficios ha obtenido. Todo como una medida adicional a las puramente judiciales”, declaraba el director del gabinete de comunicación de la UGR en exclusiva para Aula Magna.


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