Aproximadamente 300 investigadores conforman la Asamblea de Contratados Predoctorales de Granada, la cual ha puesto en jaque al Ministerio de Empleo y Seguridad Social después de pedir firmas a través de la plataforma Change.org para que sus contratos predoctorales sean restituidos tras haber experimentado un cambio de codificación de ‘por obra y servicio’ (401) a ‘prácticas’ (420).
La Universidad de Granada ha sido una de las grandes implicadas en este conflicto, ya que los doctorandos afectados denuncian que la institución modificó la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas de los mismos “sin informar del cambio a las trabajadores”, tal y como ellos mismos explicaban, por lo que exigen una justificación ante tal hecho.
Aula Magna ha contactado con la universidad granadina para conocer su postura con respecto a esta reclamación por parte de algunos doctorandos de la institución. Desde la misma exponen que tienen un posicionamiento “claro y tajante” como el propio director del Gabinete de Comunicación de la Institución, Jose Ángel Ibáñez, explicaba, frente a unas protestas la cuales consideran que “carecen de sentido”, puesto que “no hay cambio alguno a efectos reales. Se trata de un cambio nominal”, explicaba Ibáñez.
Por otra parte, este medio ha tenido acceso al informe que el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia redactó para Comisiones Obreras (CCOO), en el que exponen claramente que “Cualquier modificación de la naturaleza del contrato predoctoral deberá hacerse por una norma del mismo rango, es decir, por ley, lo que no se ha producido. En consecuencia los cambios en la gestión de los contratos que indican en el escrito no desvirtúan la naturaleza de los contratos predoctorales realizados, ni suponen un cambio a un tipo contractual distinto como es el contrato en prácticas”, relataba el escrito, recalcando que este cambio “ni siquiera ha afectado a las cotizaciones sociales que se realizan de acuerdo con los contratos de tipo 401”.
El documento también revela que ha sido el Servicio Público de Empleo Estatal el que “ha establecido que los contratos temporales utilicen el modelo de contrato temporal establecido con las cláusulas específicas de investigadores estipuladas en el mismo”, es decir, el contrato que se codifica como 420. Sin embargo, quieren dejar claro que este contrato no es igual al contrato en prácticas, ya que el sistema de Red de Tesorería de la Seguridad Social estableció la obligación de codificar los contratos predoctorales como 420 pero “con una relación laboral de carácter especial, tipificada como 9921”, lo que permite que a efectos de cotización no se confunda con el contrato en prácticas.
Sobre si son responsables o no la institución granadina indica que “no tiene posibilidades de no aplicar las reglas citadas” y por tanto que “deben seguir las instrucciones que en la gestión de los contratos les comuniquen”, añadían. Además aseguran que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte les ha ido “reemitiendo distintas instrucciones para aplicar este cambio de codificación”, relataba la institución en el informe.
Finalmente no consideran que este cambio “deba levantar la alarma que se ha creado en el colectivo de contratados predoctorales al no afectar a sus derechos”, recalcando que “el contrato de acceso de los contratados Ramón y Cajal lleva aparejada la misma codificación, sin que haya existido inquietud en ese coletivo o pérdida de derechos”, concluían.
¿Qué responde el Ministerio?
Por su parte el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en declaraciones a Voz Populi han querido lanzar un mensaje de “tranquilidad”, explicando que se trata solo de “un cambio de nomenclatura a nivel administrativo, pero en ningún caso es un cambio en las condiciones laborales de sus contratos. Se hace a petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2015”, explicaban al citado medio.
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