El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, compadeció el pasado lunes ante el Parlamento de Andalucía para ofrecer las cifras de inversión y deuda que la Junta de Andalucía mantiene con sus Universidades Públicas. Arellano ha señalado en 228,9 millones de euros la deuda que el Gobierno andaluz mantiene actualmente, entre las que destaca la Universidad de Málaga con 96,5 millones de euros pendientes por ingresar.
El consejero ha querido exponer durante su intervención como en los últimos años este déficit se ha ido rebajando, transfiriendo a las universidades un total de 2.331 millones de euros, divididos en 1.329 durante el periodo de 2015 y unos 1.000 millones en lo que va de año. Antes de que concluya 2016, Ramírez de Arellano ha anunciado el incremento en 400 millones más en la transferencia a las instituciones académicas, para así alcanzar el objetivo de deuda marcado para el presente año de 226 millones. Por universidades, el compromiso de la Junta se divide en:
- Universidad de Málaga: 96,5 millones de euros
- Universidad de Jaén: 34,1 millones de euros
- Universidad de Cádiz: 32,6 millones de euros
- Universidad de Almería: 23,3 millones de euros
- Universidad de Sevilla: 22,2 millones de euros
- Universidad de Granada: 12,5 millones de euros
- Universidad Internacional de Andalucía: 7,3 millones de euros
- Universidad de Huelva: 98.600 euros
- La Junta de Andalucía tiene saldada su deuda completa con la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Córdoba.
Estos datos ofrecen una clara visión de cuáles son las universidades más beneficiadas y más deterioradas del panorama andaluz. El caso de la Universidad de Huelva es un ejemplo de necesidad, pues aunque es la que menor cantidad de adeuda mantiene es también una de las más pequeñas, junto a la UPO, y de las que menos recursos dispone.
Para la Universidad de Málaga, la situación es la peor de todas sus compañeras, pues mantiene una deuda que casi triplica la cantidad de la segunda en la lista. Con 96,5 millones de deuda es una de las más afectadas por la falta de recursos, que espera poder decrecer con los 400 millones prometidos antes de que finalice el año.
Ramírez de Arellano ha prometido para este curso la presentación del nuevo modelo de financiación, palabras repetidas en todos los actos de apertura de las universidades andaluzas y, que el propio rector de la UMA señaló como de difícil cumplimiento durante su discurso. Con el nuevo modelo, cuya vigencia estaría comprendida entre 2017-2021, Arellano plantea buscar “la suficiencia financiera, mayor transparencia y flexibilidad, un marco que, atendiendo a la estabilidad y a la regla de gasto, no renuncie a alcanzar una inversión que nos sitúe en la media nacional y europea”. Este proceso se llevaría a cabo con un incremento de la financiación “incondicionada”, dividida a su vez en una parte de financiación operativa y dos planes específicos de para inversiones e investigación. El apoyo a la contratación también tendrá un lugar en este nuevo modelo, a través de un contrato-programa único para los planes de apoyo y excelencia (PECA), cuyo objetivo sería garantizar la igualdad en el acceso, favorecer la inserción laboral y la movilidad. Finalmente, el consejero ha vuelto a nombrar la vinculación de la financiación universitaria y el nuevo Plan Andaluz de Investigación (PAIDI), cuya presentación debería realizarse antes de que acabe el mes de octubre, tal y como ha venido señalando en sus discursos Ramírez de Arellano.
Sobre el futuro de los pagos a proveedores, la Junta de Andalucía ha presentado también los avances del Plan de Tesorería, los cuales han permitido saldar los pagos pendientes de las universidades, que a fecha de 2015 llegaron a alcanzar los 156,9 millones de euros. Actualmente, el consejero ha manifestado que “todas las universidades están al día en estos pagos”. Entre las nuevas medidas adoptadas por la Consejería destaca la transferencia mensual de 97 millones de euros, siete millones más que en la anterior fórmula, que sumado a los 18 millones en dos pago extraordinarios ” permite una mayor previsión económica, manteniendo los pagos extraordinarios pero haciéndolos de menor importe”.
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