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29 marzo, 2024
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Una decisión de peso

La actualidad política española está presentando para 2016 un panorama más que agitado. La reciente constitución de las Cortes no asegura nada, pudiendo llegar a unas nuevas elecciones entorno al mes de marzo, a ello se suma la situación del sí ya constituido Gobierno de Cataluña, cuya Presidencia fue finalmente acordada bajo pacto en la figura de Carles Puigdemont. El político catalán ya ha señalado su interés en una Cataluña independiente, ante la cual se plantearía un nuevo escenario político y económico que afectaría a multitud de áreas. En materia de Educación, el nuevo Ejecutivo ha nombrado a la militante del partido de Mas, Meritxell Ruiz, para encargarse del área educativa. España tiene descentralizada, entre otras, la Educación hacia las comunidades autónomas.

En el caso catalán el Departament d’Ensenyament,  que actúa como Conserjería de Educación, se tendrá que hacer cargo, entre otras condiciones, del alto índice de abandono escolar de su territorio, el doble entre los castellanoparlantes. Y, en materia universitaria, el nuevo Gobierno también tendrá que plantearse cómo financiar de forma unilateral sus universidades, tres de las cuales figuran entre las mejores del mundo: la Universidad de Barcelona, la Autónoma y la Pompeu Fabra. Estas tres, junto a las otras cuatro universidades públicas catalanas, se vieron afectadas ya con un recorte del 16%.

Una Cataluña independiente debería asumir la gestión de sus titulaciones, así como de las becas, siendo estas últimas el mayor problema para los ciudadanos de a pie, quienes no contarían con las ayudas que actualmente reciben del Estado español.

Las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) son las ayudas más solicitadas para concurrir los estudios universitarios, y solo pueden disponer de ellas los ciudadanos españoles. ¿Podría financiar una Cataluña independiente a una comunidad universitaria sin contar con las MECD?

Para la solicitud de las becas MECD todos los españoles se enfrentan a unas mismas condiciones, la diferencia que se da entre un estudiantes madrileño, un andaluz y un catalán sería únicamente el precio de las tasas que se hayan decidido en sus propias comunidades. Los más beneficiados en esta realidad son los estudiantes andaluces, pues su gobierno autonómico mantiene las tasas más bajas. Por su parte, los más perjudicados son los catalanes, quienes en  2013 vieron incrementado los precios de sus matrículas hasta el 67%.

Para 2016 el Ministerio de Educación español tiene previsto invertir 263 millones de euros en Cataluña, de los cuales 152,7 millones irían destinados a becas.  La Conserjería de Educación catalana tendrá que tener en cuenta este hecho si quiere que Cataluña siga siendo quien más universitarios aporte a nivel nacional, o en su caso, sea un Estado propio con un alto índice de matriculados. Los ingresos nacionales también los perdería para los ámbitos de cultura.

Las matrículas suelen venir parejas a las solicitudes de becas, y si ya hay problemas de financiación entre las familias, la imposibilidad de optar a las ayudas españolas podrían suponer que muchos tuvieran que optar por abandonar sus estudios.

La independencia es una decisión que solo los catalanes deben tomar, pero la información es necesaria para saber a qué se enfrentan y conocer los ingresos con los que se cuenta. La Educación y su acceso es un tema demasiado serio para dejar solo en manos de ideales sin financiación real.


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