Arranca en la Universidad Pablo de Olavide una campaña electoral sin sorpresas. El pasado 19 de febrero era proclamado candidato único el actual rector Vicente Guzmán Fluja. Solo queda por saber si Guzmán concitará un apoyo amplio de la comunidad universitaria que vota el 3 de marzo o si sigue siendo el rector de la estrecha mitad de la UPO que le encumbró en 2012.
La elección, por sufragio universal ponderado, estará en manos mayoritariamente de los 449 profesores con vinculación permanente con un 56% del poder decisorio. Los 10.500 estudiantes de la Olavide tan solo cuentan con el 24% de la fuerza, mientras que el voto de los 351 miembros del PAS y los 489 del personal docente no permanente cuentan un 12% y un 8% respectivamente. El candidato único tendrá hasta el 1 de marzo para convencerlos y revalidar el mandato no solo con legalidad sino también con legitimidad.
El periodo de gobierno de Vicente Guzmán se ha caracterizado por intensas reformas y un marcado acento social, y una clara discrepancia con las políticas del Ministerio de Educación. Obsesionado con evidenciar los éxitos de la Olavide ante las amenazas veladas que se han cernido sobre su universidad, y todas las de menor tamaño, en los años más duros de recortes en la Administración Pública, el rector ha logrado ahuyentar el debate sobre la existencia de la UPO, pero no así sobre su sostenibilidad económica. Tal y como reconocía en la apertura oficial del presente curso, “recurrentemente tenemos que acudir al Fondo de Insuficiencia Financiera”. Pese a estas dificultades, el déficit reconocido de la Olavide ha disminuido de 13 millones en 2012 a un millón doscientos sesenta mil con cifras provisionales de 2015.
La idílica relación Rectorado-CEUPO en sus primeros años de mandato se tornó más complicada a partir de 2014, cuando el delegado general Ignacio Torres abandonó el puesto en el Consejo de Dirección alegando “un profundo sentimiento de decepción” y “desencuentros” en las reformas normativas, los procesos de matriculaciones o la creación de una tercera semana de exámenes, además de la nula representación en el postgrado. Esto le obligó a recuperar el Vicerrectado de Estudiantes en la persona de Antonio Herrera, ante la marcha de Modesto Luceño. La inestabilidad de la Defensoría Universitaria también ha llegado bajo mandato de Guzmán, que ha sido incapaz de presentar un candidato del agrado del Claustro Universitario, fracasando en el intento dos veces. En 2013 con el catedrático de Derecho Eduardo Gamero y en 2015 con el catedrático de Psicología Juan Daniel Ramírez.
Licenciado en Derecho por la Hispalense y Doctor por la Carlos III de Madrid, la dilatada carrera como jurista de Guzmán le ha hecho recorrer buena parte de América Latina, llegando a ser miembro de la comisión redactora del Proyecto de Código de Procedimientos Civiles de Honduras (en vigor desde 2010) y de la comisión redactora del Anteproyecto de Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador (en vigor desde 2010). También ha asesorado al actual Gobierno central en las reformas del Anteproyecto de Ley Orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal y el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además cuenta con la Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, patrón de los juristas, y Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
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