El Consejo de Ministros en funciones ha aprobado tres acuerdos con el objeto de fomentar el conocimiento de la ciudadanía de los servicios que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se vienen desarrollando. De esta manera se llevaran a cabo tres campañas de publicidad para dar a conocer el servicio telefónico de atención a las víctimas de acoso escolar, la promoción del deporte olímpico en 2016 y el programa académico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Con un coste de 160.000 euros destinados a difusión y compra de medios, el Ministerio busca que los estudiantes universitarios españoles conozcan y puedan optar a la programación que se realiza desde la UIMP. Históricamente, desde hace décadas, la Universidad da a conocer a través de los medios de comunicación sus actividades y la programación de los cursos que anualmente convoca, fomentando la matriculación en los cursos avanzados de la Universidad en Santander, los cursos de primavera y otoño de la Universidad en Sevilla, así como los másteres y títulos propios de postgrado.
Desde el Ministerio dirigido por Íñigo Méndez De Vigo se señala que esta campaña de publicidad institucional es “necesaria para hacer llegar esta información al mayor número de ciudadanos y se lleva a cabo todos los años desde el mes de abril, con el tiempo necesario para difundir la oferta académica estival e informar sobre los plazos de beca y matrícula”. :
En cuanto al servicio de atención telefónica a víctimas de acoso escolar, con un coste que asciende a 100.000 euros (15.000 € en coste de producción/creatividad y 85.000 en coste de difusión y compra de medios ), está dirigido a atender los casos de casi un 4% de la población escolar, aquejada de este tipo de acoso. Finalmente, el acuerdo para la promoción del deporte olímpico en 2016 tendrá un coste cero para el Estado, pues los gastos generados se incluye en la responsabilidad corporativa de TVE o se reparten entre las empresas patrocinadoras del Plan ADO. :
La actual situación del Gobierno español, en funciones, obliga a especificar que la publicidad institucional no puede considerarse una actividad propia del despacho ordinario, por lo que su aprobación, contratación y difusión de campañas de publicidad institucional en este periodo debe analizarse y autorizarse caso por caso, siendo imprescindible para su autorización que se acredite que esté vinculada al interés general o que tenga un carácter reglado que no permita un ejercicio discrecional de la potestad de la administración