El Pleno del Congreso de Diputados aprobó ayer con 208 votos a favor la proposición legislativa del grupo socialista para la “suspensión del calendario de la implantación de la LOMCE“, presentada por el diputado socialista Cruz Rodríguez. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís, el Partido Demócrata Catalán, Bildu y Coalición Canaria la propuesta del PSOE de dejar sin efectos las medidas de la LOMCE ha salido adelante, siendo prevista la clara oposición de PP y Foro Asturias (133 votos en total).
En palabras de Cruz Rodriguez, esta proposición surge tras que el Gobierno haya dado “la espalda al consenso” en repetidas ocasiones, imponiendo un calendario de implantación “inasumible”. Rodríguez subrayó en su intervención la derivada falta de atención a la solicitud de las Comunidades Autónomas para atrasar el calendario de implantación, quienes ya iniciaron sus peticiones en agosto de 2015. En este sentido, el PSOE buscaba recalcar la “enorme cantidad de desencuentros de la ley educativa” no solo entre los sectores educativos sino entre los interlocutores sociales y las fuerzas políticas
Durante el debate, llevado a cabo durante la tarde de ayer martes 15 de noviembre, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, expuso la intención de su Gobierno de aprobar por decreto ley la suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones de ESO y Bachillerato (reválidas), pues es “una fórmula más rápida” que la propuesta por el PSOE, la cual “no tendría efectos jurídicos inmediatos” ya que no sería hasta 2017 cuando se aplicaría. Así mismo, Méndez de Vigo hizo referencia durante su intervención al consenso de la Constitución de 1978 “si fuimos capaces de hacer la Constitución ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer un Pacto por la Educación?“.
Ciudadanos se ha mostrado a favor de la propuesta de suspensión por parte del Gobierno, recalcando que estaba prevista en las medidas para el acuerdo de investidura del PP. Por su parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha solicitado la supresión completa de la ley, dirigiéndose directamente al grupo socialista por su “insuficiencia”.
Tal y como ha señalado Íñigo Méndez, en las primeras semanas de diciembre estará vigente el decreto legislativo que garantice la supresión del carácter académico de las evaluaciones, siendo la de Bachillerato necesaria para gestionar el acceso a la Universidad, pero solo de carácter consultivo en el caso de las pruebas de secundaria. Méndez ha subrayado que estos efectos académicos no solo estarán suspendidos durante este año, sino hasta que haya un Pacto Nacional por la Educación.
En esta línea, el ministro de Educación también ha anunciado la fecha del 28 de noviembre para la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, cuyos acuerdos se “traducirán en decreto ley” en la línea de lo marcado por el presidente del Gobierno. Esta fecha se ha cambiado para que puedan acudir todos los responsables de Educación de las Comunidades Autónomas, los cuales parece no podrían hacerlo la fecha prevista anteriormente, el 24 de noviembre.
Los responsables de Educación de las comunidades gobernadas por el PSOE han señalado ante la reunión que mantendrán con el Gobierno su intención de solicitar que “no haya ninguna prueba al final de la ESO” así como el acceso a la Unievrsidad se lleve a cabo de la forma más similar a la anterior prueba de Selectividad, recalcando que solo se tengan en cuenta las asignaturas de segundo curso de Bachillerato y no de los dos años, tal y como establece la ley. En este sentido también se posicionaron los vicerrectores de Estudiantes de las Universidades Públicas, quienes pidieron al Ministerio mantener el Distrito Único Universitario y la aprobación de la Orden ministerial que clarifique cómo será la próxima prueba de acceso a la universidad.
Finalmente, sobre la subcomisión parlamentaria que expuso Rajoy durante su discurso de investidura para tratar los acuerdos entorno a la ley educativa y llegar a un Pacto de Estado, Méndez ha señalado que ve “corto” el plazo de seis meses para llegara un acuerdo, aunque este deba ajustarse a los plazos legislativos. En esta línea ha subrayado que antes de acabar el año comparecerá ante la Comisión de Educación del Congreso para señalar la creación de esta subcomisión.
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