Viajar al extranjero por estudios es una de las mejores opción para aprender un idioma. Cada año, más de 8.000 estudiantes de todas las edades salen de España para desarrollar sus aptitudes en una segunda lengua. Muchos de ellos realizan sus viajes y estancias con empresas o colegios que no cumplen la normativa vigente, la cual exige la regularización como «agencia de viajes».
Muchos colegios y empresas de idiomas ofrecen la posibilidad de realizar estancias, sin tener el control sobre las mismas. Así lo señala Óscar Porras, presidente de la Asociación Españolas de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE). «La normativa exige que las empresas que ofrezcan estos viajes sean agencias de viajes, pues es la única manera de cumplir con el IVA que tienen los viajes combinados«, señala Porras. La formación está exenta de IVA, lo que hace que la mayoría de las empresas cometan una ilegalidad a la hora de presentar sus paquetes de viajes.
Además, la formación en el extranjero, al conllevar un traslado y una serie de seguros, se contempla como actividad formativa combinada. En este punto, el presidente de ASEPROCE recalca que «es una situación corroborada por las distintas Consejerías de Turismo».
Protege a tus hijos
Desde ASEPROCE se ha presentado la campaña Protege a tus hijos, la cual busca informar a los padres de la falta de seguridad de estos viajes. Aunque este tipo de formación es accesible a todas las edades «son los niños los que más peligro corren, porque los seguros pueden no hacerse cargo si pasa algo», señala Porras.
De este modo, en el caso de sufrir algún accidente o contratiempo, las empresas que aseguran los viajes (si es que las hay) podrían no hacerse cargo de los costes al alegar que no es una actividad legalizada. Para el presidente de ASEPROCE esto conlleva «una desprotección muy importante, por lo que hemos creado una campaña para alertar a todos los posibles afectado».
Según los datos de ASEPROCE, en España un 70% de las empresas que hacen viajes al extranjeros, donde entran incluso colegios públicos, no cumplen la legalidad. «Se trata de un porcentaje muy alto, que se amparan en el desconocimiento de la norma vigente», expone Porras.
Para mostrar esta realidad, ASEPROCE ha presentado también un sello de calidad, destinado a mostrar las empresas que sí cumplen la normativa. Actualmente, unas 55 entidades tienen este sello, que asegura el cumplimiento de la ley. «Es un sello de calidad que hemos auditado para que cumpla la ley y los parámetros de calidad», expone el presidente de ASEPROCE. Este sello de calidad está auditado externamente por la consultora Lloyd´s Register. Para el futuro, esta asociación plantea realizar más campañas de denuncia siendo su objetivo «defender los intereses de las familias, tienen que estar informados y asegurar a sus hijos».