El pasado jueves, 10 de febrero, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) volvió a mostrar su rechazo ante los planes de creación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía. Una propuesta que ya recibió en diciembre un ‘NO’ rotundo de los rectores y rectoras andaluces tras su presentación por parte del Gobierno andaluz en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Encuentro donde, cabe señalar, la iniciativa obtuvo 13 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones; demostrando así un rechazo bastante claro.
En este sentido, volviendo a la postura mostrada recientemente por la AUPA, la Asociación emitió un comunicado manteniendo su oposición, o reticencias, a causa de las “recientes noticias” sobre la creación de estas dos nuevas universidades privadas en la comunidad autónoma de Andalucía. Un escrito donde los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas han querido “hacer constar” varias consideraciones al respecto.
Peticiones mínimas para crear nuevas universidades privadas
En primer lugar, como detallan en dicho comunicado, los miembros de AUPA insisten en su convicción de que “cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario andaluz, o cualquier ampliación de la oferta de titulaciones en las ya existentes, debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas”. Requisitos que se solicitan tanto en el ámbito de la formación académica, como también en el de la implantación y desarrollo de políticas de investigación y transferencia del conocimiento, que deben estar suficientemente acreditadas; así como en el de la puesta en marcha de programas de responsabilidad social.
Un punto en el que, desde AUPA, subrayan que es “obligación ineludible de las autoridades competentes y de la Agencia Andaluza de Evaluación (DEVA) velar por el cumplimiento de estos requisitos desde el momento de su creación y durante todo el desarrollo de sus actividades”. Algo que deben hacer “de la misma manera que lo hace con las universidades públicas de esta comunidad autónoma”.
En segundo lugar, la reivindicación de los rectores y rectoras andaluces presentada a través de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía se centra en que la creación de nuevas universidades privadas se produzca, en todo caso, “al mismo tiempo que se atiende al necesario fortalecimiento de las universidades públicas andaluzas”. Apartado en el que hacen especial hincapié en los ámbitos de la “financiación adecuada y suficiente” para la correcta cobertura de sus necesidades de plantilla e infraestructuras materiales y en cuanto a las “políticas necesarias para ampliar y actualizar su oferta de nuevas titulaciones de Grado y Posgrado y mejorar las relacionas con el tejido social y productivo”.
Así, “solo con estas condiciones”, insisten, “las universidades públicas andaluzas podrán continuar siendo una fuente de innovación y progreso para sus respectivos territorios y el principal agente de ascenso social y bienestar de la ciudadanía”.
Motivos de su oposición
Para comprender a grandes rasgos los motivos de la oposición mostrada ante la creación de estas dos nuevas universidades privadas en Andalucía, es necesario recordar lo ocurrido en diciembre de 2021. En concreto, los proyectos de aprobación presentados por la Junta de Andalucía fueron para la constitución de la Universidad Tecnológica – Mediterráneo (UTAMED) y la Universidad Fernando III El Santo (ligada a la Universidad CEU San Pablo y con el apoyo de la Conferencia General de Política Universitaria y la DEVA).
Estas dos universidades privadas, según la información obtenida por Aula Magna, estaban siendo evaluadas por el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Norma derogada, salvo las disposiciones finales 2 y 3, por el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
Una evaluación realizada en base a una norma no vigente cuyos requisitos eran “bastante laxos” que, sumada a ciertas deficiencias académicas detectadas, propiciaron el rechazo a la propuesta de crear estas dos universidades privadas. Además, en el citado CAU de diciembre, tanto los rectores y rectoras andaluces como los representantes de estudiantes apreciaron incongruencias en el planteamiento de la Junta de Andalucía en materia de Universidades al señalar que “no sabemos muy bien lo que quiere hacer la Junta en cuanto al mapa de titulaciones, porque nos plantea por un lado que se quieren evitar duplicidades, pero por otro lado están introduciendo universidades privadas en todo el territorio”.
A pesar de ello, el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, ya apuntó entonces que en Andalucía “queda espacio suficiente para la implantación de instituciones académicas privadas”. De manera que el Gobierno andaluz, con todas las herramientas a su disposición para dar luz verde o no a estas universidades privadas de forma unilateral (a través de un Decreto), es quien debe considerar si quiere tener en cuenta la decisión en contra y los argumentos expuestos en el CAU y apoyados por la AUPA, o por el contrario hacer caso omiso y seguir adelante.
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