La cesión de terrenos por parte de la Universidad Pablo de Olavide para la construcción del nuevo Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla se formalizó la semana pasada en un acto en el que intervinieron el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el rector de la UPO, Francisco Oliva, además de otras autoridades. Se trata de un área de 6.500 metros cuadrados, y la instalación de esta nueva sede supone un gran impulso para las ciencias forenses en Andalucía, y para diversos campos de investigación como la criminología o la medicina legal.
Durante el acto, Campo ha agradecido la generosidad de la Universidad Pablo de Olavide, a la que ha definido como “una universidad joven y con solera, por lo mucho que está haciendo”. Y ha resaltado la unión de esfuerzos entre la administración y la universidad para dar al ciudadano lo que reclama, “que es un centro de excelencia más moderno, seguro y habitable que, en definitiva, repercutirá en una sociedad más justa”. Por su parte, el rector de la UPO ha puesto en valor el interés compartido de las instituciones por “la calidad, la excelencia y el trabajo riguroso, por el esfuerzo diario para transferir conocimiento a la sociedad”. Además, ha apuntado las posibles líneas de colaboración que van a surgir con la materialización del proyecto: “Seguro que va a generar sinergias interesantes en el campo de la criminología, derecho, medicina legal o genética, mejorando la propia investigación en el campus y la docencia”.
El Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia que tiene como objetivo auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses y la toxicología. Este órgano dispone de cuatro sedes en el territorio nacional, en Madrid, Barcelona, Sevilla y La Laguna, que emiten en su conjunto anualmente más de 33.000 informes periciales a los distintos Tribunales de Justicia.