La Junta de Andalucía anunció este 14 de noviembre de 2025 la aprobación de la primera fase del modelo de financiación para las universidades públicas de la región, pero los rectores de estas instituciones lo desmintieron de inmediato. Lo que el gobierno presentó como un acuerdo consensuado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) fue calificado por los rectores como una «burda mentira», generando dos versiones opuestas sobre el reparto de fondos para el próximo año.
El gobierno regional, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, aseguró que se había alcanzado un pacto para distribuir 1.708,68 millones de euros en esta primera etapa. Esta cantidad cubre principalmente los gastos básicos de personal, funcionamiento y mantenimiento de las diez universidades públicas andaluzas. Según la Junta, este monto garantiza el funcionamiento inmediato del sistema y abre la puerta a una segunda fase de negociación.
El desglose de esta partida inicial incluye 1.566,5 millones para financiación básica, 126,7 millones mediante contratos programa —que son acuerdos específicos para proyectos universitarios— y 15,49 millones para abonos de complementos autonómicos al Personal Docente e Investigador (PDI), es decir, bonificaciones salariales para profesores e investigadores.
La asignación por universidad varía según su tamaño y necesidades: la Universidad de Sevilla (US) recibe la mayor parte, con 422,17 millones; seguida de la Universidad de Granada (UGR), con 387,34 millones; y la Universidad de Málaga (UMA), con 234,88 millones. Otras como la Universidad de Almería (UAL) obtienen 90,89 millones, y la más pequeña, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), 14,36 millones.
Sin embargo, los rectores negaron cualquier acuerdo. Todos se abstuvieron en la votación del CAU, interpretándose como un rechazo claro. Nicolás Ruiz, rector de la Universidad de Jaén (UJA), declaró: «El titular es una burda mentira. No hay ningún acuerdo. Todos los rectores nos abstuvimos». Miguel Ángel Castro, de la US, añadió: «No hay acuerdo con la Junta. La nota que han publicado no se ajusta a la realidad».
Otros rectores, como Pepe Céspedes de la UAL, ven esta distribución como una simple prórroga del presupuesto anterior, insuficiente sin conocer el segundo reparto. Este incluye partidas clave aún en negociación, como 16 millones para digitalización y sostenibilidad —proyectos para modernizar infraestructuras con tecnología y energías verdes—, fondos para contratar profesores ayudantes doctores bajo el convenio estatal María Goyri, y 6 millones para el 50% restante de incrementos salariales al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
Además, la Consejería reservó 33,2 millones extra para posibles subidas salariales decretadas por el Gobierno central. Los rectores advierten que sin avances en estas negociaciones, podrían votar en contra del segundo reparto, lo que pondría en riesgo todo el modelo de financiación.
Paralelamente, se presentó un Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para 2025, con 20 millones de euros al margen del presupuesto principal. Estos fondos, procedentes de remanentes no gastados de años anteriores, se destinan a construcciones, mejoras de instalaciones y transformaciones digitales y energéticas. La propuesta de distribución incluye 6,04 millones para la UCA, 5,31 millones para la US y cantidades menores para otras, como 258.008 euros para la UGR. La UMA no aparece en esta lista, y el plan aún necesita aprobación definitiva de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
Este desacuerdo revela una crisis de confianza entre el gobierno andaluz y las universidades. Aunque el primer reparto asegura transferencias inmediatas, su aceptación depende de las concesiones en la segunda fase. Los rectores usan su poder de voto como palanca para exigir más fondos, argumentando que el sistema universitario —clave para el desarrollo regional— necesita recursos suficientes para operar sin precariedad.
El resultado de estas negociaciones definirá no solo el presupuesto de 2025, sino también la relación futura entre la Junta y unas instituciones que educan a miles de estudiantes e impulsan la investigación en Andalucía. De momento, el debate sigue abierto, con el riesgo de una parálisis si no se resuelve pronto.