La nueva ley de Convivencia Universitaria «quiere sancionar únicamente a uno de los colectivos de la universidad: el estudiantado«. Así se manifiestan desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ante la nueva legislación aprobada este martes por el Consejo de Ministros, y que prevé estar vigente para finales de verano.
Según han manifestado desde la CREUP este documento «ha sido aprobado sin contar con el respaldo de los representantes de estudiantes». Un apoyo que, desde el Ministerio de Universidades ayer corroboraran en la presentación señalando que tras su aprobación el texto pasará a debatirse entre la comunidad universitaria para añadir las posibles enmiendas.
En este sentido los estudiantes alegan que «en las reuniones previas a la redacción del documento que tuvieron lugar entre el Ministerio de Universidades, CREU y representantes estudiantiles, la CREUP incidió en la necesidad de que los procesos sean independientes del rectorado de cada universidad«. De este modo, la CREUP consideraría que «el órgano sancionador no debe depender del rector o rectora y, por otro, se debe delimitar la forma de elección de los miembros de la comisión de convivencia para que la ley se rija por la separación de poderes y así evitar que sean designaciones a dedo«.
Más diálogo en la nueva Ley de Convivencia Universitaria
En su comunicado a los medios, la CREUP sostiene la necesidad de un mayor diálogo entre la comunidad universitaria. Así, los estudiantes han reiterado que «la voluntad de diálogo social en el ámbito universitario tiene que venir acompañada de una inclusión real de las propuestas del estudiantado. Esta falta de escucha ha derivado en una ley que no garantiza la igualdad de derechos«.
Esta postura vendría dada por la reclamación por parte de los alumnos y alumnas de «la inclusión de mayores garantías para el estudiantado a la hora de enfrentarse a un proceso sancionador«, pues el resultado de la nueva norma «no contenta al principal afectado de este documento».
Por todo ello, la CREUP solicita una «mayor concreción en la definición de las faltas y sanciones para que no haya grandes diferencias entre universidades en el momento de su interpretación», recalcando que «la integridad de la universidad se debe medir por la calidad de las garantías dentro del proceso sancionador, sin que resulte en abusos de poder contra un sector sin medios para defenderse. Además, se debe asegurar que esta ley no vulnere en ningún caso la libertad de manifestación y de expresión».
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, y previo a su debate en las Cortes Generales, la Ley de Convivencia Universitaria podrá recibir los próximos días las propuestas de cambios y alegaciones necesarias entre los miembros de la comunidad universitaria.