La lucha por la igualdad legal entre hombres y mujeres tiene nombres y apellidos en la transición española. Además de las 27 mujeres conocidas como «las constituyentes» muchas fueron las mujeres encargadas de los pormenores legislativos que supuso la llegada de la democracia a España. Entre las que estuvieron detrás de todo el proceso y mantuvieron su lucha constante aparece el nombre de Cristina Almeida, abogada, política y feminista que supuso poner voz a las demandas de toda una generación.
Dentro del ciclo de conferencias Historia, Documentos y Sociedad. 1968 y la transición española organizado por el Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga, Almeida atendió a un centenar de personas en el Auditorio del Museo de la Aduana que querían conocer su experiencia en el proceso político. Con un éxito de público, asegurado por el renombre de la ponente, la que fuera abogada laboralista y diputada en las Cortes Generales por Madrid hizo un repaso entre la legislación actual y la que sufrían muchas mujeres durante la etapa franquista.
Acompañada por el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa, así como varios vicerrectores y representantes de la Universidad de Málaga, el acto supo responder al sentido histórico previsto, ofreciendo una visión general de la importancia de la transición y de los actores políticos y sociales que de ella fueron protagonistas.
La transición: un salto de derechos
«Yo no lucho por los derechos para mi, sino los derechos para todos». Con esta idea, Cristina Almeida subrayaba las bases de su trabajo desde que con tan solo 20 años se afiliara a las bases del Partido Comunista Español e hiciera valer sus estudios de Derecho para atender a los presos políticos. En el camino del trabajo asistencial se encontró con los primeros baches que le abrieron los ojos al feminismo,
«durante el franquismo era necesario el permiso del marido para todo, lo que te imposibilitaba desde poner una denuncia hasta ir de viaje o pedir un crédito»
Acciones que para cualquier mujer actual son tan naturales como abrir una cuenta bancaria, tramitar cualquier documentación o incluso reconocer a los propios hijos se tornaba algo imposible en el caso de no cumplir con las exigencias del régimen. «Unos derechos perdidos que sí teníamos en la República» señala Almeida, cuyo trabajo se vio recompensado el 2 de mayo de 1975, cuando dejo de ser necesario el ‘papel amarillo’, permiso marital, para ser libre.
Así, poco a poco se fue poniendo el sello de género a una Constitución en la que todavía faltaban muchas mujeres, donde se dieron casos como la salida de todas las diputadas del hemiciclo a la hora de rechazar una enmienda a la Ley sálica (todavía hoy vigente) , como apoyo entre compañeras que luchaban por un mismo objetivo.
Delitos, derechos, deberes asignados a mujeres que poco a poco han quedado en las historias para no dormir. Y es que puede ser motivo de risa pensar que el adulterio era castigado con pena de cárcel para ella pero solo con un pequeño sanción para él, siempre que se demostrara la existencia de un ‘amancebamiento’. No tan de risa es saber la existencia de los delitos contra la honestidad, donde la violación se analizaba estudiando la presunción de honestidad de la víctima, es decir si esta era o no «honesta».
«Al remover las instituciones se consiguió la igualdad», subraya Almeida, quien en su ponencia destacaba como «la igualdad no es tener la misma identidad que ellos, sino tener las mismas oportunidades». Así, desde su conocimiento de la historia, la exdiputada recalcaba como «queríamos tener los mismos derechos y oportunidades pero para hacer algo distinto, no para repetir lo que hacían los hombres».
Un camino que, en la actualidad sigue vigente, «en España todavía queda lucha por la igualdad, entre ella está la necesidad de trabajar por eliminar la brecha salarial de forma real, profundizando en la mentalidad que lleva a pensar que el trabajo de las mujeres es más de cuidados y se puede eliminar cuando las cosas van mal». Se suma también la existencia de la prostitución donde «no podemos permitir que España siga estando entre los primeros puestos de consumo, mientras se pueda comprar a una mujer no seremos independientes ni iguales».