La CRUE reclama una reforma que ofrezca “seguridad jurídica” a las universidades y un marco legal flexible que evite la “homogeneización del sistema”

La CRUE reclama una reforma que ofrezca “seguridad jurídica” a las universidades y un marco legal flexible que evite la “homogeneización del sistema”


La CRUE ha elaborado un informe sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)  que incluye diversas consideraciones y propuestas dirigidas al Ministerio de Universidades. Este documento nace como fruto de la consulta realizada por el ministerio para conocer la perspectiva del máximo órgano de representación del sistema universitario español, y aborda todas las esferas de la vida universitaria: docencia, investigación, transferencia de conocimiento, financiación, gobernanza…

Este informe recoge que la reforma debe ofrecer seguridad jurídica a las universidades, y hace un llamamiento al Gobierno, a los grupos parlamentarios, legisladores y a la sociedad en general para que “sean ambiciosos y desarrollen una normativa para que las universidades realicen sus funciones con eficacia, calidad y competitividad”. Y para que recoja las necesarias condiciones de autonomía, financiación y rendición de cuentas que permitan a las universidades desarrollar sus funciones en entornos diversos y en igualdad de condiciones que las mejores universidades europeas. Además, la CRUE considera que el nuevo marco legal debe ser flexible y contemplar mucha opcionalidad para evitar la “homogeneización del sistema”, que dificultaría el logro de objetivos por parte de las universidades.

Debe considerarse la educación en su conjunto, y la Educación Superior en particular, un bien público para la ciudadanía

Esta organización sostiene, por otra parte, que la futura ley debe incorporar en el título el concepto de “sistema universitario” para trasladar la voluntad de legislar en todo el sistema, ya que éste está constituido por universidades de distinta titularidad (públicas y privadas) de diferente tamaño, y de distinto entorno socioeconómico y geográfico. En cuanto al modelo de gobernanza, la CRUE recalca que la LOSU debe garantizar la plena autonomía y capacidad de autogobierno de las universidades, planteando un mínimo grado de uniformidad para el sistema universitario público. Asentándose, a su vez, en cuatro principios básicos:

  • Autonomía e independencia
  • Calidad y excelencia académica
  • Participación y compromiso social
  • Gestión eficiente

Con respecto a los órganos de gobierno de las universidades públicas (claustro, consejo de gobierno, consejo de dirección, consejo social y rector o rectora) la CRUE defiende que este último órgano unipersonal, como máximo representante académico de la institución, debe pertenecer al Cuerpo de catedráticos y catedráticas de Universidad, y contar con una carrera académica y de gestión universitaria consolidada. Además, plantea que los rectores y rectoras sean elegidos por un mandato único de seis años, no pudiendo ser reelegidos o reelegidas para dos mandatos consecutivos.

Un modelo de financiación estatal que impulse los sistemas autonómicos

A nivel de financiación la CRUE plantea, a través de este informe, la necesidad de que la LOSU contemple un modelo de referencia estatal que ayude a impulsar y ordenar el despliegue de los sistemas de financiación universitaria autonómicos. En este punto propone referenciar la suficiencia de financiación pública de las universidades públicas españolas en el 1% del PIB nacional o de la comunidad autónoma. Para esta organización, el nuevo marco debe establecer planes plurianuales de financiación básica, acordados por la administración autonómica y las universidades públicas, y transformar de forma progresiva las subvenciones en transferencias.

La CRUE hace referencia, además, a otras posibles líneas de financiación complementarias, como el acceso a fondos privados sin que se limite la autonomía universitaria. O los contratos programa, como un instrumento para corregir las ineficiencias que puedan existir en las universidades y para incentivar mejoras en objetivos estratégicos. Sobre la fiscalidad de las universidades, la CRUE apunta que no debería ser objeto de consideración en una ley orgánica, y que los poderes ejecutivo o legislativo disponen de instrumentos más apropiados para su gestión. En cualquier caso, defiende que debe considerarse la educación en su conjunto, y la Educación Superior en particular, un “bien público para la ciudadanía”.

Docencia, investigación y transferencia de conocimiento

En materia de docencia, la CRUE cree necesario “flexibilizar, racionalizar y mejorar la oferta formativa para responder a las demandas actuales y futuras del estudiantado y de la sociedad”. Así como establecer currículums más abiertos e incentivar su certificación y acreditación, contemplar la ordenación de enseñanzas integradas (estudios de Grado y Máster para acceder a ciertas profesiones) y promover titulaciones conjuntas de carácter nacional y transnacional, así como másteres duales. En este sentido los rectores y rectoras que conforman la CRUE consideran esencial que “la ley garantice la calidad de la oferta de enseñanzas a distancia y de los modelos híbridos o de presencialidad adaptada”, y que establezca la presencia física en el campus como elemento esencial en el proceso de aprendizaje. Todo ello, sin perjuicio de que la digitalización y la educación a distancia continúen desarrollándose como una herramienta de valor añadido.

Por otra parte la CRUE subraya que “la LOSU debería hacer referencia a la Ley de la Ciencia y establecer, en coordinación con ella, el desarrollo de una actividad investigadora en las universidades más intensa y competitiva”. Para lograr este objetivo lanza diversas propuestas:

  • Una nueva línea de financiación basal de carácter estatal destinada exclusivamente a la investigación de las universidades
  • Un modelo de captación de talento investigador y carrera académica en las universidades, donde la investigación tenga un peso importante
  • Estructuras organizativas mejor adaptadas al desarrollo de la actividad investigadora con masa crítica suficiente
  • Establecer un marco para las relaciones entre universidades y diferentes agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, mediante la eliminación de trabas normativas y el impulso de espacios colaborativos
  • Incentivar los doctorados en cotutela internacional
  • Promover la Ciencia Abierta

Otro de los aspectos clave señalados por la CRUE en el informe se basa en integrar a la universidad como una pieza más de la comunidad y del territorio en el que genera conocimiento. Por ello considera que la reforma debería consolidar el sexenio de transferencia para el PDI de las universidades públicas e incorporar el ‘tramo de transferencia’ como equivalente en la valoración del PDI de las universidades no públicas. Así como incentivar el emprendimiento y la implicación de la universidad con el territorio y el tejido social, estimular la creación de empresas de base tecnológica mediante fórmulas para la participación e incorporación del PDI, facilitar la relación universidad-empresa e incentivar y reconocer la difusión social del conocimiento a través del fomento de la divulgación científica y la ciencia ciudadana.


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