La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es, posiblemente, el tema de actualidad más comentado entre los equipos de gobierno de las universidades españolas. Normativa que, tras su aprobación, será el marco legal por el que se rijan y encaucen sus actuaciones estas instituciones académicas de enseñanza superior; por lo que los rectores y rectoras de las universidades españolas consideran necesario hacer cambios sustanciales en el anteproyecto de la LOSU.
Así pues, a comienzos del presente curso académico tuvo lugar una reunión de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con el objetivo de debatir sobre el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de agosto. Un borrador, pues aún no está aprobada la nueva ley, donde “a pesar de haber recogido algunas sugerencias y recomendaciones”, realizadas en base al documento ‘Universidad 2030’ y al documento de Consideraciones a la Consulta sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que elaboró Crue para el Ministerio de Universidades, “consideramos que el texto es poco innovador y no se adapta a las necesidades de transformación que necesitan las universidades para dar respuesta a las demandas de la sociedad española, de nuestros estudiantes y sus familias”.
Así lo ha señalado el presidente de Crue Universidades y rector de la Universidad de Cordoba, José Carlos Gómez Villamandos. Y es que, añade, “en ningún momento se presenta un modelo de universidad y de sistema universitario reconocible y competitivo. Todo lo contrario, se camina hacia un modelo que se aleja de Europa, a las que nos acercaron tanto la LRU como la LOU y la LOMLOU”.
Cambios necesarios en la LOSU
En este punto, insisten en que las universidades “podemos y queremos ser más eficaces y más eficientes”, y cuentan con unas comunidades “dispuestas a afrontar retos”. Pero para ello “es necesario contar con una mayor autonomía académica y de políticas de personal, así como una financiación adecuada”, que garantice la suficiencia financiera de cada universidad, algo que “debe quedar recogido en el articulado de la ley”.
Asimismo, ante la aprobación de la LOSU, desde CRUE “echamos de menos que no se incorporen a la ley los nuevos retos sociales que las universidades hemos venido asumiendo, como el emprendimiento, la mejora de la empleabilidad, la sostenibilidad o la atención al despoblamiento”.
Un anteproyecto poco adaptado a la actualidad
Previo a la aprobación del anteproyecto de la LOSU, el Ministerio de Universidades pidió a la Comisión Permanente del CEUNE y a CREUP una relación de las demandas de los estudiantes y qué peticiones querían que se incluyeran o estudiaran para incluir en el futuro texto legislativo. Cuando se aprobó el borrador, “apenas se parecía a lo que pensábamos, nos encontramos con aspectos en los que confrontábamos directamente como es lo relativo a gobernanza, participación estudiantil y financiación (patrocinio y mecenazgo)”, apuntan desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería.
A pesar de ello, el ministro Manuel Castells convocó Pleno del CEUNE el 16 de septiembre para informarles oficialmente y escuchar las reivindicaciones de los estudiantes de todas las universidades españolas. Allí recogió todas las demandas y “se comprometió a estudiarlas con su gabinete” y a informar a sus compañeros de gobierno. Meses después, los estudiantes siguen descontentos con algunos puntos y “en diálogo permanente” con el Ministerio para “conseguir consensuar aspectos fundamentales”.