El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado por el Consejo de Ministros no responde a las necesidades reales de la educación superior en este país. Así lo ha declarado a través de un comunicado oficial. Esta opinión se suma así a las reclamaciones manifestadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas y la CRUE con respecto al proyecto de LOSU.
En dicho documento, el CSS manifiesta que dicho anteproyecto no aborda la transformación profunda del actual modelo de gobernanza universitaria para lograr una verdadera autonomía operativa e institucional. Y acusa la ausencia de los cambios necesarios para modernizar la universidad española y aproximarla a los modelos de éxito internacionales. “Todos ellos están caracterizados por la intervención de representantes de la sociedad civil, externos a la universidad, en las responsabilidades de gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad, entre ellas la elección del rector por concurso de méritos”, añade.
El CCS, que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas, matiza en este sentido que el primer borrador del anteproyecto contemplaba una fórmula de elección del rector que, sin ser la ideal por depender de la propia decisión de la universidad, cuando menos abría una vía de aproximación a dichos modelos. Y en este sentido argumenta que la cuestión clave de este modelo es que los intereses sociales se sitúen en el centro de toda reforma, ya que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Sin ello, según indica este órganos, España continuará siendo una excepción en el mundo de las universidades modernas.
“La universidad no pertenece a quienes trabajan y estudian en ella, sino a toda la sociedad a la que presta el servicio público de educación superior”
Por otro lado, el CSS recalca que al contrario de lo que dice el preámbulo, el anteproyecto no solo no “revitaliza los Consejos Sociales” sino que disminuye sus competencias actuales, ya de por si escasas y, en muchos casos, teóricas. “La universidad no pertenece a quienes trabajan y estudian en ella, sino a toda la sociedad a la que presta el servicio público de educación superior”, subraya el CSS en su comunicado. De esta manera, los Consejos Sociales, en su condición de representantes de la sociedad, insisten en reclamar competencias y medios para poder ejercer sus responsabilidades para la adecuada gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad. Además, piden ejercer la supervisión de la actividad económica y del rendimiento de sus servicios, para lo cual es necesario ubicar la unidad de control interno de la universidad bajo la dependencia de los Consejos Sociales.
Por otro lado, la CCS muestra especial preocupación por el cambio en el sistema de designación de los miembros de los Consejos Sociales. E insiste en que debe evitarse su politización y garantizarse su independencia frente a los órganos de gestión universitaria. “La propia universidad no puede intervenir ni influir en la designación de los miembros de los Consejos Sociales que representan a la sociedad civil”, destaca al respecto. En última instancia, la Conferencia pone especial énfasis en que la universidad tiene que ser una institución competitiva, eficiente y meritocrática en la gestión de su talento, y en que la meritocracia tiene que ir de arriba abajo, empezando siempre por el máximo responsable de la institución.
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