‘Derechos del paciente y responsabilidad sanitaria’ es el nombre de la primera edición del título propio de experto que la Universidad Pablo de Olavide pondrá en marcha el próximo 1 de abril, gestionado por el Área de Formación Permanente de la Fundación UPO. Según asegura el catedrático Francisco Oliva, director académico del mismo, “la principal diferencia y fortaleza de este título con respecto a otros similares reside en que es uno de los pocos en los que se lleva a cabo un análisis transversal y comprehensivo de todos los derechos del paciente, incluyendo el sistema de responsabilidad derivado de su incumplimiento”.
Además, es un título moderno que analiza con detalle el nuevo régimen de protección de datos de salud, el derecho a la muerte digna, así como la jurisprudencia más reciente relativa a la responsabilidad médica, permitiendo obtener una visión completa de la situación del paciente usuario de los servicios sanitarios.
Derechos a las decisiones
En nuestro país, son muchos los derechos que tiene el paciente, pero los más importantes son el respeto a las decisiones que de forma libre y consciente tomen a través del llamado ‘consentimiento informado’ y de las ‘instrucciones previas’, así como la necesidad de proteger en todo momento su intimidad y privacidad en la relación asistencial, sostiene Francisco Oliva. Junto a estos derechos de carácter esencial y básico, hay otros muchos, como el de participación, el de acceso a la historia clínica, y, entre otros, el de reclamar y obtener una indemnización justa en su caso.
Con respecto a si estos derechos se cumplen de manera habitual, el profesor opina que “de forma mayoritaria, los profesionales involucrados en este sector hacen todo lo posible por respetar dichos derechos”. Sin embargo, en ocasiones, se percibe un conocimiento inapropiado de tales derechos, tanto por los propios pacientes como por los profesionales, “de ahí la necesidad de que exista un curso como el presente en el que se analicen de forma detallada el conjunto de derechos del paciente. Sólo desde un conocimiento apropiado estos derechos podrán ser ejercitados y respetados de forma eficiente”.
Aún así, son muchos los conflictos que se siguen generando en el ámbito de la sanidad, y la mayoría de los que llegan a la justicia están relacionados con supuestos de mala praxis médica que, desgraciadamente, acaban causando lesiones de todo tipo y, en casos extremos, incluso la muerte del paciente. También se está detectando cada vez más la presencia de casos en los que se acusa directamente a los profesionales sanitarios de no respetar la autonomía del paciente, al haber actuado sin su consentimiento médico expreso, razón por la cual se solicita la indemnización por daño moral.
Los derechos del paciente en el final de su vida son un tema de máxima actualidad en nuestra sociedad. Y es que, tal y como considera el director académico:
“el derecho a una muerte digna forma parte de la intrínseca dignidad del ser humano ya que, como se ha dicho con todo acierto, una vida digna no puede truncarse por una muerte indigna”
Partiendo de esta idea general, así como de la necesidad de respetar la libertad moral y la integridad física y psíquica del paciente, Francisco Oliva considera que el ideal de la muerte digna puede llevarse a cabo a través del respeto al rechazo del tratamiento médico propuesto, aun cuando conlleve la propia muerte, mediante la extensión y universalización de los cuidados paliativos, incluyendo la sedación terminal y, finalmente, con la retirada o no iniciación de tratamientos fútiles (la llamada limitación del esfuerzo terapéutico). “Igualmente, tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido forman parte del ideal de la muerte digna si bien, actualmente, ambas conductas se tipifican como delitos en nuestro ordenamiento jurídico”, puntualiza.
Sobre los casos en los que el médico puede acogerse a la objeción de conciencia, el director explica que “la objeción de conciencia no está reconocida como un derecho general de los médicos, por lo que no puede ejercerse libremente, salvo que así lo haya reconocido una ley o, en su caso, una sentencia judicial”. En este sentido, actualmente tan sólo se reconoce para el caso de la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo que respecta a los farmacéuticos, en la dispensación de la píldora del día después. “Más allá de estos supuestos, el derecho del paciente a recibir la prestación sanitaria debe prevalecer sobre el inexistente derecho a la objeción de conciencia médica”, puntualiza Oliva.
Otro de los temas que están actualmente sobre la mesa es la protección de los datos personales de los pacientes, y que también será objeto de estudio en este curso debido a su importancia. Actualmente, la sociedad se encuentra en un momento de transición legislativa en esta materia, debido a la reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, “que exigirá por parte de los actores en el sector sanitario la asunción y puesta en marcha de una serie de medidas proactivas en la defensa del derecho a la protección de datos de salud”.
Para concluir, Francisco Oliva insiste en la importancia de este curso de experto y sostiene que
“los alumnos que realicen este título de experto podrán adquirir un conocimiento profundo de la materia, que les permitirá abordar los conflictos que puedan plantearse en este sector, así como una habilidad para poder plantear soluciones y salidas que eviten el recurso al ámbito judicial”
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