La acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia laboral es una de las grandes apuestas y prioridades del Ministerio de Educación y de Formación Profesional (MEFP) que dirige Isabel Celaá. De este modo la Formación Profesional (FP), con la creación de una Secretaría General propia, entra en una nueva etapa gracias a que el Ministerio de Educación impulsará la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral entre los trabajadores sin titulación. Un anuncio que ha realizado recientemente la ministra Celáa en su comparecencia ante la Comisión del Senado donde, tras recordar las más de 70 medidas puestas en marcha por el Ministerio durante la crisis de la pandemia por el Covid-19 y detalladas hace dos semanas en la Comisión del Congreso, ha repasado los “ejes del proceso de modernización que el MEFP está impulsando desde que comenzó esta legislatura y que la emergencia educativa exige acelerar y profundizar, no ralentizar ni paralizar”.
En este sentido, “si España quiere crecer y erradicar la pobreza, la solución pasa por no recortar en educación”, sino “por invertir en educación, porque la educación es una inversión, no un gasto”, señala Celaá; quien reitera el compromiso de incrementar su financiación hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.
Apuesta por la acreditación de competencias
Con la acreditación de competencias profesionales, el Ministerio de Educación refuerza su objetivo de modernizar la Formación Profesional. Una tarea en la que lleva trabajando ya dos años, y que ahora cuenta con un nuevo impulso para avanzar hacia una formación moderna y europea que articule la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo. Y es que “enfrentarse a los graves desajustes que presenta España por la falta de profesionales formados y la alta tasa de desempleo supone principalmente lograr cualificar y recualificar a las personas en los llamados ‘niveles intermedios’”, recuerda Celaá; quien señala que en 2025 el 49% de los puestos de trabajo requerirá un nivel de cualificación medio. Datos que, a día de hoy, reflejan que solo un 24% de la población activa española cuenta con dicho nivel.
Así, el Ministerio se propone mejorar el nivel de cualificación e impulsar y facilitar los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral entre los trabajadores sin titulación. A ello se añadirá un procedimiento nuevo para el reconocimiento de las competencias básicas entre la población activa que no las tenga acreditadas por titulación. Y se realizarán ofertas de formación profesional específicas ajustadas a las necesidades de las personas adultas.
Destacar que la modernización de la FP incluye también la incorporación de nuevas especialidades en el catálogo de titulaciones y el impulso de la orientación profesional. Así, constituye un verdadero “desafío de Estado” que requiere de la colaboración con empresas, interlocutores sociales y entidades y organismos del tercer sector para lograr conjuntamente que la FP sea uno de los pilares de la reconstrucción social y económica y de la empleabilidad.
La profesión docente, clave de una educación de calidad
La política del profesorado, cuya dedicación y esfuerzo ha sido esencial durante la pandemia, será también “uno de los ejes fundamentales de este Gobierno”, ha asegurado la ministra. Para ello, el proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), actualmente en trámite parlamentario, establece el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. A su vez, la mejora de la formación práctica de los futuros profesores será una de las metas de la revisión de los planes de estudio, que ya se ha iniciado.
En este sentido, la ministra se ha comprometido también a seguir trabajando con las Comunidades Autónomas para continuar reduciendo las altas tasas de interinidad, a pesar de que la pandemia ha provocado el aplazamiento de la convocatoria de empleo público. En 2019, la interinidad ya disminuyó del 29,4% al 23,3%, y el MEFP seguirá trabajando para acercarse a finales de la legislatura a la tasa objetivo del 8%.
Por su parte, otro ámbito prioritario es el de actualizar los aprendizajes en un currículo moderno, por competencias, centrado en los aprendizajes con el objetivo de disminuir los índices de abandono escolar temprano. El propósito de esta iniciativa es promover una educación integradora en todas las etapas, con un currículo menos memorístico y enciclopédico que garantice los aprendizajes fundamentales.
Digitalización de la educación
Además de la acreditación de competencias profesionales, la digitalización de la educación es otro ámbito prioritario para el Ministerio de Educación, siempre siguiendo la base establecida por el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y Formación Profesional, con una visión transversal e integral. Asimismo, el MEFP firmará un convenio con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para desarrollar un programa de cooperación territorial para dedicar conjuntamente recursos a la digitalización, contando además con financiación europea. En FP, se hará una clara apuesta por las titulaciones y contenidos asociados a las tecnologías de nueva generación.
Garantizar la equidad del sistema de becas y de ayudas al estudio es el sexto ámbito prioritario. La ministra ha recordado la reciente presentación, junto al Ministerio de Universidades, de la reforma de este sistema, que le devuelve su carácter de derecho subjetivo. El Gobierno incrementará en 386 millones de euros la cifra destinada a becas, lo que supone un aumento del 22% en la inversión para el curso 2020-2021, el mayor incremento en una década.
Una ley abierta a acuerdos
Por último, apuntar que el proyecto de ley LOMLOE recoge los principales consensos resultantes de las 83 comparecencias en las Subcomisión del Congreso. Asimismo, el MEFP recibió en la consulta previa a su aprobación más de 43.000 comunicaciones y 100 aportaciones de organizaciones educativas, comunidades autónomas y consejos escolares autonómicos. Igualmente, en el seno del Consejo Escolar del Estado se presentaron, debatieron y votaron una a una más de 550 enmiendas, ha recordado la ministra, quien ha querido subrayar su voluntad de “tender la mano a acuerdos en asuntos donde la educación española se juega su futuro, ya que en educación son más los puntos de unión que las discrepancias”.
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