El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide ha aprobado esta semana la cesión de una parcela de 6.460 metros cuadrados del campus al Ministerio de Justicia para albergar las instalaciones del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla. Esta parcela se encuentra ubicada en el término municipal de Dos Hermanas, dentro del área que integra el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, los Servicios Centrales de Investigación, el Instituto de la Grasa y la Biblioteca CRAI.
Con este acuerdo culmina un proceso de negociación entre la UPO y el Ministerio que comenzó el año pasado y que estaba orientado a la consolidación del área científico técnica al norte del campus y a la mejora de las comunicaciones y el fomento de la actividad investigadora. Según el convenio establecido el uso permitido para esta parcela queda vinculado a actividades docentes e investigadoras. El acuerdo de cesión también recoge que, a medida que se definan las necesidades del edificio, el equipo redactor analizará junto al Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética de la UPO, las distintas soluciones técnicas para adaptar y adecuar el Instituto Nacional de Toxicología al campus de la mejor manera posible.
El Instituto Nacional de Toxicología es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses. El proceso de cesión de terrenos entre UPO y Ministerio se ha realizado mediante mutación demanial externa, que es una fórmula jurídica que permite la cesión de una parcela sin el traspaso de la titularidad. La Universidad Pablo de Olavide cuenta con un campus único situado en el inmediato exterior del anillo de la S-30, lo que permite un fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad. También, junto a sus instalaciones, se encuentra una parada de la única línea de metro existente en Sevilla que conecta con los juzgados y tribunales y con la Gerencia Territorial de Justicia. Esta conexión supone una ventaja para el Instituto Nacional de Toxicología, ya que puede permitir un ahorro en costes de transporte para los facultativos que presentan de forma presencial sus informes en las vistas judiciales.
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