Hoy el Congreso de los Diputados aprobará, previsiblemente, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La mayoría del PP en la cámara baja hace prever que esta ley saldrá adelante, aunque ya cuenta con el compromiso del resto de partidos de la oposición, que han anunciado que se derogará si los populares salen del Gobierno en las próximas elecciones.
La LOMCE se aprobó en Consejo de Ministros en el mes de mayo y se ha debatido en las comisiones de educación durante estos meses, recibiendo numerosas enmiendas (más de 770) por parte de todos los grupos políticos. De ellas, solo 36 han sido incorporadas, en su mayoría del PP y algunas pactadas con UPyD. Algunas enmiendas se debatirán hoy directamente en la Cámara Baja. Una vez aprobada la Ley, con la mayoría absoluta del Partido Popular, pasará al Senado.
La LOMCE ha sido muy criticada por todo el colectivo educativo, incluidos profesores, alumnos y padres de toda España. Fue en contra de esta ley que se convocaron el pasado curso dos huelgas generales de enseñanza. La tercera llega en este mes de octubre, ya que está convocada para el próximo día 24 de octubre. Además, se han creado plataformas de apoyo y defensa por la educación pública, de calidad e igualitaria y se siguen recogiendo firmas en contra de la misma.
Hay varios puntos de esta ley que están resultando especialmente conflictivos. Por ejemplo, el papel del castellano en la enseñanza, que en el proyecto se limitaba a garantizar el derecho de los alumnos a educarse en esta lengua, se ha modificado a través de una enmienda de UPyD. De este modo, ahora, el texto recoge que “El castellano será lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”, así como que “las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable”. Esto ha enfurecido a la comunidad educativa de las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales y así se ha puesto en evidencia a través de manifestaciones y protestas.
Otro tema que está causando especial polémica, es la eliminación de la palabra ‘público‘ en la expresión: “prestación de un servicio público de educación”. Esto, trae como consecuencia una mayor participación del Estado en el ámbito privado de la educación. Cesión de suelo público para la construcción de colegios privados, contratación directa de profesores sin concurso o evaluadores externos en pruebas de nivel.
Pero además, la introducción de revalidas, la permisividad de la segregación por sexos en centros concertados, la eliminación de la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’ y el peso de la asignatura de religión, han sido otras de las medidas criticadas por los principales partidos de la oposición.
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