El control y supervisión de las becas de investigación, en tela de juicio


Al final todo termina desembocando en que debe existir una mayor transparencia. Este era el tema del editorial del último número de este medio y por este camino continúa, aunque ahora unido a la falta de control. Esa transparencia que no acaba de asentarse, ni mucho menos, en las instituciones universitarias, es la que podría evitar situaciones como la acontecida en la Universidad de Málaga con el caso Errejón.

Que el político de Podemos haya incumplido su contrato no es culpa de la universidad (sí en parte por la supervisión de los proyectos) pero si existiesen mecanismos que controlaran y supervisaran en condiciones este tipo de situaciones, probablemente se evitaría. En eso consiste la transparencia. No tanto que una universidad en cuestión permita o descuide ciertos aspectos en las contrataciones de personal o en la concesión de becas, como en este caso la de investigación para un proyecto financiado desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, sino que siendo transparentes cualquiera podría corregir un error, denunciarlo o simplemente estar al tanto de lo que sucede.

Pero en esta cuestión reside también la sociedad, que es quien debe exigir esa misma transparencia y, en este sentido, las universidades deben adaptarse por completo. En este caso, por los motivos que fueran, se ha sacado el caso de Íñigo Errejón con la UMA, pero podría haber sido en cualquier otra universidad española.

Siguiendo esta línea, cabe pensar la de casos que podrían existir en los que los contratos y requisitos para que se le conceda una beca se cumplan realmente. Estos condicionantes deben estar controlados y no se puede permitir el despiste. Lo que esto quiere decir es que el caso Errejón ha puesto en relieve una situación que puede ocurrir en cualquier universidad que por la cantidad de trabajo no inspeccione minuciosamente caso por caso, pero las condiciones que una persona o empresa acepta mediante un contrato, deben cumplirse, y si no, se acaba el contrato, como parece que así acabará la historia de desencuentro entre el también doctor de la Universidad Complutense de Madrid y la UMA. Lo que está claro es que no se puede descontrolar un proyecto de investigación que está financiado por un ente público y con dinero público, igualmente.

Una vez sacado a relucir el caso, la Universidad de Málaga, dentro de toda la polémico, ha hecho lo que debía, abrir expediente informativo para averiguar qué ha sucedido y ante unos indicios o pruebas de que se ha incumplido el contrato de la beca de investigación, sancionar tanto al becado como al director del proyecto.

Fuera a parte de esta situación, que vuelve a poner de manifiesto la falta de transparencia y deja en entredicho la labor de inspección y seguimiento de los proyectos de investigación, también entra la responsabilidad de quien acepta y firma el contrato que debería conocer que no puede tener dos cargos a la vez mientras la beca sea suya, pero aún así siga adelante. A ellos también hay que exigirles transparencia, no solo la institución, sino todos los intervinientes en el contrato, que no deberían ocultar ningún tipo de información, según se desprende de las investigaciones abiertas por la UMA en este último caso.

Poco a poco, se abren más dudas acerca de la gestión interna de las universidades españolas. Recientemente, tenemos los casos de denuncia del CSIF en las universidades de Almería y Málaga, en ambos casos dirigidos a sus fundaciones privadas que reciben financiación pública para su gestión.


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