El Defensor del Profesorado se consolida como un servicio de atención para docentes


El Defensor del Profesor, puesto en marcha por la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en 2005, se consolida como un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes que sufren situaciones de conflictividad y violencia en los centros. Profesores de cualquier comunidad autónoma puede utilizar este servicio que surge con el objetivo de apoyar la indefensión del docente, castigar la violencia escolar y promover la atención personalizada del profesorado.

Más 28.320 profesores han usado este servicio desde su creación, 2.671 durante el curso pasado, que ha abierto un debate social sobre la conflictividad en los centros, la difusión de esta realidad al conjunto de la sociedad y que las administraciones educativas hayan comenzado a preocuparse por este asunto. La organización ha facilitado el cambio de las normas de convivencia en las diferentes regiones, las instrucciones para que se considerara delito de atentado las agresiones a los docentes y que se legisle a favor de la consideración del profesor como autoridad pública.

Casi el 39% de los casos atendidos durante el pasado curso corresponden al profesorado de Primaria, el 38% a los docentes de Educación Secundaria, el 5% a los FPB, 9% a Infantil, 4% a Ciclos Formativos y el 5% restante a otras enseñanzas. El tipo de conflictos con los alumnos fue provocado por faltas de respeto en el 35% de los casos (un 8% más que el curso pasado), un 27% de los problemas fue para dar clase (un 4% más), un 16% fue acoso y amenazas de alumnos (se mantiene), un 6% fueron agresiones de los estudiantes (baja un 1%) y un 13% fueron conductas agresivas de los alumnos hacia sus compañeros (disminuye un 1%).

El 28% de los problemas relacionados con los padres fueron ocasionados por acoso y amenazas (se mantiene), un 25% de las causas fueron acusaciones carentes de fundamento (un 3% más), un 20% fueron denuncias (aumenta un 1%), un 3% fueron agresiones (un 2% más). Respecto al rendimiento académico, el 9% de los casos conflictivos fueron producidos por presiones para modificar notas. Los problemas con la administración se produjeron en un 19% de los casos (7% más), con el equipo directivo un 23% (aumenta un 5%) y entre compañeros (2% menos).

La ANPE continua exigiendo a la Administración educativa cumplir los decretos de convivencia y las normas de conducta establecidas en los centros, desarrollar el artículo 124 de la LOMCE que recoge la consideración de autoridad pública de los docentes en todas las comunidades autónomas, garantizar la protección jurídica al profesorado y la cobertura de responsabilidad civil, cambios en el modelo educativo que engloben la flexibilización de la Enseñanza Secundaria y fomente la Formación Profesional, asistencia psicológica a los profesores y reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes, entre otras.

El sindicato también considera necesario que la administración se implique en concienciar a los padres sobre su tarea educativa y pide ejecutar un programa de mejora para la convivencia escolar que incluya el desarrollo reglamentario de la autoridad del docente. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza seguirá luchando por mejorar la consideración social de los profesores, hacer llegar a la población la realidad diaria de las instituciones educativas y recalcar la educación como uno de los pilares de la sociedad que influya en la formación académica y humana del alumnado. 


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