El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio para saber cómo serán las evaluaciones no presenciales

El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio para saber cómo serán las evaluaciones no presenciales


La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha iniciado una actuación de oficio para exponer una queja sobre el proceso de evaluación final de las titulaciones universitarias. La reclamación está dirigida a las universidades públicas andaluzas, exceptuando a la UNIA, con el objetivo de conocer cómo van a realizar los exámenes en formato no presencial tras el cierre de los centros efectuado durante la pandemia.

Tal y como ha señalado en un escrito la Oficina dirigida por Jesús Maeztu, el organismo es “consciente de la dificultad que ha conllevado adaptar el régimen habitual de prestación de servicios universitarios a una situación tan novedosa como es la enseñanza virtual y el plus de dificultad que ha supuesto tener que hacerlo en unos plazos tan perentorios, que han imposibilitado disponer del tiempo necesario para reflexionar, evaluar o poner a prueba las alternativas posibles”.

Aún así, Maeztu considera oportuno iniciar la evaluación sobre un aspecto que “tiene una especial incidencia en los derechos del alumnado y que está generando ya cierta controversia por las peculiaridades que presenta”. En concreto, se refiere a los criterios y procedimientos aprobados para la evaluación no presencial del alumnado, los cuales han generado numerosas quejas.

Puntos clave para entender la reclamación

Desde la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz se han marcado seis puntos clave para sustentar su queja a las universidades.

En primer lugar, las quejas de los propios estudiantes que se posicionan en contra del procedimiento elegido de evaluación así como con la forma de aplicar este procedimiento en alguna universidad o por parte de algún profesor. También se están recibiendo quejas por incidencias específicas ocurridas durante la realización de algún examen (cortes en la conexión wifi, cortes de luz, etc), que generan incertidumbre en las personas afectadas, tanto por sus consecuencias académicas, como por el desconocimiento acerca de la forma de plantearlas y resolverlas.

El segundo punto clave lo marca la relevancia que estos sistemas de evaluación están teniendo en los medios. Así, desde Aula Magna, El Periódico0 Universitario hemos recogido en diferentes entrevistas tanto los posicionamientos de los alumnos como las propuestas de las universidades en temas tan relevantes como la grabación de los exámenes, el uso del proctoring o el acceso a los dispositivos necesarios para realizar las pruebas.

Siguiendo las reclamaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, como tercer punto se señala que “este sistema de examen no presencial podría perjudicar a los alumnos que carecen de las condiciones idóneas en sus viviendas para poder realizarlos adecuadamente, ya sea por sus circunstancias sociales o familiares, por la falta de medios materiales adecuados o por no disponer de un espacio donde realizar la prueba en las debidas condiciones de aislamiento y tranquilidad”. Una situación que no aseguraría la igualdad de condiciones sobre las que deben partir las evaluaciones.

En cuarto lugar, el escrito de Maeztu a las universidades manifiesta que “no está claro cómo se van a aplicar los procedimientos de reclamación legalmente previstos para las evaluaciones universitarias a este tipo de pruebas”. Sumando como quinto punto que el sistema de evaluación no presencial podría acarrear problemas para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad.

Finalmente, las dudas sobre cómo se va a evaluar globalmente al alumnado en caso de que se opte, como parece, por relativizar el valor de estos exámenes en la nota final se posiciona como otra de las cuestiones a explicar por las universidades. En concreto, desde la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz se cuestiona esta forma de evaluación en aquellas asignaturas en las que, por diversas razones, no se hayan podido realizar prácticas o trabajos online, cuando los mismos resultasen obligados o necesarios para evaluar adecuadamente el rendimiento del alumnado durante el curso.

Todos estos puntos configuran una evaluación solicitada a las universidades públicas, la cual se uniría a un Informe Especial sobre las consecuencias que la crisis sanitaria producida por la COVID-19 ha tenido sobre los derechos de la ciudadanía en las principales materias y ámbitos de gestión pública (educación, salud, vivienda, políticas sociales, igualdad, empleo y colectivos vulnerables).


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