El futuro de los estudiantes de la licenciatura de Derecho en la UMA, en el aire


Alrededor de unos 300 alumnos esperan beneficiarse de la decisión de la Universidad de Málaga al problema de las asignaturas extintas de la Licenciatura de Derecho, que lleva sin solucionarse desde hace tres años. De este modo, el próximo lunes 10 de octubre debatirán en una reunión los tres actores implicados para buscar una solución: Rectorado, Secretaría General y el Decanato de la Facultad de Derecho de la UMA.

El problema de los últimos licenciados de Derecho se remonta a la aplicación del Plan Bolonia, cuando comienza el grado y la licenciatura empieza a extinguirse. “La problemática viene del proceso de extinción de la misma. En general, las universidades de toda España han eliminado un curso por año progresivamente, a la vez que se iban implantando los grados”, explicó Andrés de la Torre, alumno de la licenciatura, quien añadió que “eso lleva a una situación en la que asignaturas que se arrastran de cursos extintos (primero, segundo, tercer o cuarto) se quedan muertas, aunque aún se esté cursando quinto. Hay que resaltar que Derecho es una titulación a extinguir pero que todavía no es extinta”.

La licenciatura de la Facultad de Derecho pertenece al Plan de Estudios de 1953 y esto supone una difícil correlación con las asignaturas de los grados. La solución concedida a otras facultades de Málaga (Medicina, Ingeniería Industrial o Psicología, entre otras); Andalucía (Cádiz, por ejemplo) y del resto de España, como la de León, ha sido una regulación especial que permite a los alumnos poder terminar sus carreras como licenciados, bien: permitiéndoles poder seguir matriculándose de las asignaturas extintas mientras estuviesen vigentes sus estudios de licenciatura o bien, cursar dichas asignaturas en grado, para posteriormente convalidarlas en sus respectivas licenciaturas.

Así, “llevamos pidiendo una solución durante más de tres años, sin conseguir nada”, subrayó el estudiante de 29 años, al que le quedan tres asignaturas para poder ser Licenciado en Derecho. “Entendemos que vivimos una situación de desigualdad dentro incluso de la propia universidad y la negativa de darnos una salida repercute en un gran número de estudiantes”, explicó Andrés de la Torre que, en su opinión, “no sólo nos vemos obligados a pasarnos a grado donde el sistema de convalidaciones nos obligaría a tener que repetir asignaturas ya cursadas en el mismo centro y con los mismos profesores, sino que hemos tenido que superar muchas otras asignaturas de carácter anual y obligatorias que en grado ni existen”.

Además, “habría que añadirle la obligación de realizar un máster de dos años y superar una prueba estatal de acceso para poder ser abogados, recogida en la Orden PRE/202/2015 de Acceso a la Abogacía”, apostilló el estudiante de la UMA que hizo hincapié en que “muchos alumnos se han visto obligados a pasarse a grado; otros han tenido que abandonar sus estudios al no poder hacer frente a los gastos de todo; y los que económicamente se lo han podido permitir han tenido que trasladar sus  expedientes a la Facultad de Derecho de León, donde sí han dado una solución y permiten terminar a sus alumnos la carrera como licenciados teniendo el mismo plan de estudios”.

De este forma, Andrés de la Torre informó sobre la existencia de una sentencia en Alicante “donde se ampara la pretensión del universitario, que es la misma que mantenemos los estudiantes de la Facultad de Derecho de Málaga. Nosotros no queremos llegar a dar ese paso, pero no nos parece justo lo que está pasando y lo llevaríamos a la justicia en última instancia”.

La regulación de la extinción de los planes de estudios de licenciatura se recoge en la Disposición Transitoria Segunda del RD 1393/2007, que fue interpretada por la sentencia 257/2017 de 15 de julio, del Juzgado Contencioso-Administrativo de Alicante, que reconoce el derecho del alumno a disponer de las convocatorias de examen que le resten -hasta un máximo de 6- en los dos cursos académicos siguientes a la fecha de 30 de septiembre de 2015 -esto es, 2015-2016 y 2016-2017- y obliga a la universidad alicantina a garantizar la organización de esas convocatorias de examen.


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