CRUE celebra la partida del Ministerio de Vivienda y confía en que se repita en 2027
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 45 millones de euros a impulsar alojamientos asequibles para estudiantes universitarios. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha recibido la noticia con satisfacción y espera que sirva para desatascar un problema que arrastra desde hace años.
El anuncio llegó tras una reunión celebrada la tarde del 31 de agosto en la sede del Ministerio, en Madrid. En el encuentro participaron la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde.
CRUE lleva tiempo advirtiendo de que el precio de la vivienda no deja de subir mientras las residencias públicas siguen sin plazas suficientes. Para los rectores, esa combinación castiga sobre todo a los estudiantes con menos recursos, que ven más difícil tanto entrar en la universidad como cambiarse de ciudad para estudiar o hacer un intercambio. La conferencia sostiene que el problema afecta directamente a la igualdad de oportunidades: quien no puede pagar un piso o una residencia cerca de su campus, señalan, parte con desventaja frente a quien sí puede.
La organización confía en que los 45 millones sirvan para poner en marcha, de una vez, un protocolo que el Ministerio de Vivienda y el de Ciencia, Innovación y Universidades firmaron en 2024. Ese acuerdo llevaba meses sin traducirse en medidas concretas, según ha señalado CRUE.
Rodríguez y Garde se comprometieron además a repetir la convocatoria en 2027, de forma que más universidades públicas puedan optar a esta financiación. El objetivo, según CRUE, es que el reparto de fondos no se agote en este primer paquete.
La conferencia ha lanzado, de paso, un llamamiento a otras administraciones, entre ellas comunidades autónomas y ayuntamientos, para que pongan en marcha mecanismos parecidos. Defiende, en concreto, que estas instituciones cedan suelo dotacional para construir residencias con alquileres sociales, en colaboración con universidades y promotores privados.
Ese modelo de colaboración público-privada, sostienen los rectores, sería un primer paso relevante para atajar la falta de alojamiento asequible que sufren miles de universitarios cada curso. El problema se ha agravado en los últimos años en las ciudades con más presión turística, donde la oferta de pisos a precio razonable para el curso académico se ha reducido de forma notable.
CRUE no ha detallado todavía cómo se repartirán los 45 millones entre las universidades públicas ni qué requisitos deberán cumplir los proyectos para acceder a la financiación. Esos aspectos, previsiblemente, se concretarán en las próximas semanas conforme avance la aplicación del protocolo de 2024.