Durante las últimas décadas, la universidad privada española ha hecho un enorme esfuerzo por subirse al tren de Bolonia y convertirse en una alternativa real y complementaria a la universidad pública, superándola en algunos aspectos como el de las relaciones con el tejido empresarial. No obstante, la universidad privada española todavía está muy lejos de tener un papel prioritario en dimensiones como la investigación o la transferencia de resultados como sí sucede en otros países. Con el VII Convenio colectivo de Universidades Privadas, Centros Universitarios y Centros de Formación de Postgraduados la universidad privada española retrocede varias décadas y se aleja de las metas de excelencia que persigue.
Una de las líneas de mejora de las universidades privadas ha sido la equiparación de las categorías docentes con la universidad pública, es decir, la creación de un itinerario profesional propio para sus profesores. Esto se ha construido mediante acuerdos con las agencias de evaluación y acreditación nacionales (ANECA, CNEAI) y regionales. De tal manera y de forma lógica, las universidades privadas habían empezado a asignar las categorías profesionales según la acreditación que sus profesores obtenían, lo que les ha permitido obtener una visión más limpia y clara de su claustro, así como implementar políticas de contratación transparentes y eficientes. Todo ello ha traído un incremento en la calidad docente, así como un aumento en la producción científica propia, lo que ha beneficiado a la producción nacional.
Y, sin embargo, el nuevo desacierto colectivo elimina las categorías de la carrera académica. Anteriormente existían unas categorías análogas a las de la universidad pública (catedrático, titular, ayudante…), generando un sistema de méritos connatural a la universidad, donde para progresar los profesores deberían destacar en méritos docentes e investigadores y ser acreditados por una agencia externa y pública, ANECA. El nuevo sistema elimina la carrera académica. Es decir, en este disparatado convenio, la docencia y la investigación apenas tienen peso para las figuras más destacadas, lo importante es la gestión. Un profesor mediocre recién doctorado puede tener la máxima categoría siempre y cuando ejecute labores de gestión en títulos y, en cambio, un profesor catedrático de universidad pública que pase a la universidad privada no podría pasar de la categoría III a no ser que asuma tareas de gestión. O, dicho de otra manera, cualquiera puede ocupar cualquier nivel salarial discrecionalmente si la dirección se lo permite.
La tendencia actual en la universidad es profesionalizar la gestión universitaria incorporando a gestores profesionales, permitiendo al docente que se centre en los aspectos de investigación y docencia. La propia ANECA va a reducir el valor de los méritos de gestión a los profesores en sus evaluaciones. Contra natura, este convenio prioriza el valor de la gestión en el currículo de los profesores restando valor a la calidad docente y la investigación. ¿Va la universidad privada en otra dirección? Estas nuevas reglas del juego son un contrasentido, sus consecuencias serán una universidad privada menos competitiva para atraer y retener docentes de calidad y, por tanto, suponen una reducción de la calidad. Si teníamos antes un problema para aparecer en los rankings, ahora con esta absurda burocratización de la figura del profesor será del todo imposible. Lo más triste del asunto es que es en teoría una propuesta propia, la universidad privada tiene al enemigo en casa.
No se entiende cómo colectivos del sector como ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza) y CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) hayan colaborado en su creación y se feliciten por tamaño desvarío. Asociaciones cuyos integrantes son mayoritariamente escuelas. Curiosamente se congratulan porque este acuerdo supone un 1% de aumento en las tablas salariales respecto al anterior. En realidad, desde el aspecto social han conseguido dos cosas bien distintas: por una parte, devaluar los requisitos de calidad que tenían los profesionales que accedían a dichas categorías y, en segundo lugar, reducir significativamente el número de profesores que acceden a estas categorías, puesto que en las universidades el número de titulares y acreditados es exponencialmente superior al número de títulos ofertados. Para visualizar las repercusiones del desatino y el perjuicio económico que le suponen al claustro, unos simples datos, un catedrático verá reducido su salario en un 32%, mientras que el salario de un titular será reducido en un 22%. Lo que sí está claro es que con este convenio laboral las universidades privadas pagarán menos por sus profesores, especialmente por los más valiosos.
Por Rafael Repiso
Miembro del Grupo EC3 de investigación de la UGR
@repisogurru
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