El Comité de Empresa del PDI laboral denuncia la falta de transparencia en las medidas de ajuste y culpa de la crisis a la infrafinanciación de la Junta de Andalucía
El Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral de la Universidad de Sevilla (US) ha manifestado su rechazo absoluto al nuevo Plan de Eficiencia en la Organización para la Sostenibilidad Financiera (PEOSF). Este paquete de medidas de ajuste, propuesto recientemente por la rectora y su equipo de gobierno, ha encendido las alarmas entre los representantes de los trabajadores, quienes temen que se traduzca en recortes directos sobre la plantilla y la calidad de la enseñanza.
Tras mantener una reunión con la rectora para conocer los detalles del plan, el órgano sindical ha denunciado públicamente la falta de información y de participación con la que se está gestionando la iniciativa. Según explican los representantes del profesorado contratado, la dirección de la universidad no ha aportado documentos suficientes que justifiquen el alcance económico de las medidas ni las consecuencias reales que estas tendrán sobre las clases, la investigación y el día a día de la institución.
El Comité critica que el plan se sostenga sobre propuestas genéricas sin haber realizado un estudio previo del impacto que tendrá en el servicio público. Además, los representantes de los trabajadores insisten en que la delicada situación económica actual no se puede achacar únicamente al coste de los salarios del personal, como se ha sugerido, sino que responde a problemas estructurales mucho más profundos.
¿Qué es el PDI laboral?
El Personal Docente e Investigador (PDI) laboral engloba a aquellos profesores y científicos de la universidad que no son funcionarios de carrera, sino que están contratados bajo el régimen del derecho laboral (como ayudantes doctores, asociados o contratados doctores). Sus condiciones de trabajo dependen de los convenios colectivos firmados entre los sindicatos y las universidades.
Las raíces del problema: mala gestión e infrafinanciación
Para el Comité de Empresa, el origen de la crisis financiera de la Universidad de Sevilla tiene dos culpables claros. Por un lado, apuntan a la herencia recibida por la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la propia universidad. Por otro, señalan de forma directa a la administración autonómica por el incumplimiento continuado del modelo de financiación que se acordó para las universidades públicas de toda Andalucía.
El sindicato recuerda que la situación de infrafinanciación —es decir, el recibir de los presupuestos públicos menos dinero del mínimo necesario para operar con normalidad— era un problema conocido desde hace años por las autoridades. Por ello, exigen que las administraciones con competencias políticas y económicas asuman sus compromisos legales de una vez y aporten los fondos necesarios para blindar el sistema universitario andaluz.
Ante la posibilidad de que la viabilidad económica de la institución se intente conseguir a costa de los empleados, el Comité ha exigido que cualquier medida que altere las condiciones de la plantilla sea obligatoriamente negociada. En este sentido, han reclamado el respeto absoluto al Convenio Colectivo actual, así como a los acuerdos laborales que siguen vigentes.
Defensa del empleo y del servicio público
La organización ha dejado claro que se opondrá firmemente a cualquier tipo de recorte que suponga la pérdida de puestos de trabajo, el empeoramiento de las condiciones sociolaborales o una reducción de los servicios que la universidad presta a los ciudadanos. Sostienen que la defensa de la educación superior pública es imposible si no se garantiza una financiación económica estable que proteja a los profesionales que sostienen las aulas y los laboratorios.
Finalmente, el Comité de Empresa ha reafirmado su intención de mantener informada a toda la plantilla de la Universidad de Sevilla de los próximos pasos del conflicto. Asimismo, han anunciado que promoverán todas las movilizaciones e iniciativas que consideren necesarias para salvaguardar el empleo y blindar el carácter público de la institución.