La Fundación CYD ha presentado su Informe 2025, que incluye por primera vez un sistema innovador de medición del rendimiento del sistema universitario español. Los nuevos Indicadores CYD de Eficiencia Global sitúan al conjunto de universidades en 57,58 puntos sobre 100, con una mejora del 3,87% en los últimos cuatro años.
Este informe, que se ha consolidado como la principal referencia para analizar el estado de la universidad en España, evalúa la evolución del sistema en áreas clave como la gobernanza, la financiación, la gestión del talento, el impacto científico y social, la empleabilidad, la internacionalización y la equidad.
La novedad de esta edición radica en la creación de un marco analítico completamente nuevo que permite medir con mayor precisión cómo las universidades transforman sus recursos en resultados tangibles para la sociedad. El análisis abarca desde el curso 2020-2021 hasta el 2023-2024, ofreciendo una visión detallada de la capacidad del sistema para adaptarse a los desafíos globales de la educación superior.
Financiación: aún lejos del objetivo del 1% del PIB
Uno de los aspectos más preocupantes que revela el informe es la situación de la financiación universitaria. Aunque el gasto público universitario alcanzó el 0,75% del PIB en 2022, esta cifra sigue estando lejos del objetivo del 1% establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Para poner estos números en contexto, en 2015 el porcentaje era del 0,69%, lo que indica una mejora, pero insuficiente.
Las universidades públicas presenciales todavía no han recuperado los niveles de financiación anteriores a la crisis económica. En 2023, sus presupuestos seguían siendo un 10% inferiores a los de 2009 cuando se ajustan por inflación, es decir, cuando se tiene en cuenta el encarecimiento general de precios. Esto significa que, en términos reales, las universidades cuentan con menos recursos que hace casi tres lustros.
La inversión por estudiante universitario en España tampoco ayuda a mejorar el panorama: en 2022 fue de 18.369 dólares por alumno, una cantidad inferior tanto a la media de la Unión Europea como al promedio de los países de la OCDE. Aunque la aportación pública representa el 65,9% del total, también resulta menor que la de estos referentes internacionales.
Avances destacados en transferencia de conocimiento
A pesar de las dificultades presupuestarias, el sistema universitario español muestra mejoras significativas en algunas áreas. La transferencia de conocimiento —es decir, la aplicación práctica del saber académico fuera de las aulas— es la función que más ha progresado, con un crecimiento del 44,33% entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024.
Este avance se debe fundamentalmente al fuerte aumento de la colaboración entre universidades y actores no académicos, como empresas, administraciones públicas u organizaciones sociales. La colaboración con estos agentes externos ha crecido un 106,9%, lo que refleja un cambio de enfoque: las universidades están pasando de una producción científica centrada en el volumen de publicaciones a una investigación más orientada al impacto real en la sociedad y la economía.
Sin embargo, los mecanismos tradicionales de transferencia están en retroceso. Las patentes, licencias y empresas derivadas (spin-offs) han caído un 20,3%, mientras que los contratos de I+D han descendido un 38%.
Gestión del talento: más estabilidad y equidad de género
La gestión del talento en las universidades ha mejorado un 10,43% respecto al curso 2020-2021. Este progreso se debe principalmente a dos factores: el avance en la estabilidad contractual del personal docente e investigador (PDI) y los progresos en equidad de género en las plantillas.
Actualmente, las mujeres representan el 42,84% del PDI total y el 42,64% del PDI permanente, cifras que reflejan una tendencia hacia la paridad. No obstante, persisten problemas estructurales como la falta de renovación del personal estable y la limitada autonomía de las universidades para gestionar sus recursos humanos, barreras que dificultan asegurar un relevo generacional eficaz a medio plazo.
Empleabilidad: del salario a la estabilidad
La empleabilidad se mantiene como una de las funciones más sólidas del sistema universitario español, alcanzando 82,76 puntos sobre 100. Pero lo más relevante es el cambio cualitativo que se está produciendo: la prioridad ya no es únicamente el salario, sino la estabilidad y la dedicación completa al empleo.
Este giro está en línea con los objetivos de la reforma laboral de 2021. Entre los titulados de grado, el peso relativo del porcentaje de egresados con contrato indefinido se ha duplicado (un aumento del 103%), y el de afiliados a jornada completa ha crecido un 36%. Estos datos indican que cada vez más graduados universitarios acceden a empleos de mayor calidad y con mejores condiciones.
La internacionalización sigue siendo la asignatura pendiente
Si hay un área donde el sistema universitario español no avanza, esa es la internacionalización. Entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024, el índice de internacionalización descendió un 9,57%, confirmando que esta sigue siendo una de las principales debilidades estructurales del sistema.
La movilidad de estudiantes continúa concentrada en estancias cortas, y aunque se ha registrado un aumento del 11,2% en el personal extranjero, su presencia apenas representa el 3,3% sobre el total del PDI. Estos números están muy por debajo de los estándares de otras universidades europeas y constituyen un obstáculo para la competitividad internacional de las instituciones españolas.
La equidad, uno de los puntos fuertes
La eficiencia en equidad se sitúa en 84,51 puntos sobre 100, consolidándose como una de las funciones más robustas del sistema. El componente que más peso adquiere es el porcentaje de mujeres graduadas, que ha crecido de forma destacada un 31,40%.
Este avance demuestra que las universidades están priorizando asegurar el éxito académico de las estudiantes. Sin embargo, en el otro extremo, la importancia del indicador que mide el porcentaje de mujeres en el PDI ha caído significativamente un 18,24%, lo que sugiere que aún hay camino por recorrer en la presencia femenina entre el profesorado.
Una metodología innovadora para medir la eficiencia
Los nuevos Indicadores CYD emplean el método de agregación del «beneficio de la duda» (BOD, por sus siglas en inglés), basado en modelos de programación lineal. Esta técnica permite reconocer la heterogeneidad del sistema universitario español y evita comparaciones injustas entre instituciones muy diferentes.
En lugar de aplicar una fórmula única para todas las universidades, el método BOD permite asignar pesos específicos según el perfil de cada institución. Así, cada universidad es evaluada según su propio patrón de fortalezas y prioridades, sin imponer criterios que favorezcan a unas sobre otras. Como explica Jasmina Berbegal, autora del informe, el propósito no es únicamente medir o clasificar, sino convertir los resultados en herramientas de reflexión y decisión.
El reto pendiente: mejorar la gobernanza
El informe subraya que, para impulsar los cambios necesarios en el sistema universitario español, resulta imprescindible abordar el reto de la gobernanza. Según Sònia Martínez Vivas, directora de la Fundación CYD, esto requiere una mayor autonomía universitaria, una rendición de cuentas rigurosa, modernizar la selección y promoción del personal, y otorgar a los equipos de gobierno mayor capacidad ejecutiva.
El documento concluye que solo con una gobernanza sólida las universidades podrán alinear su oferta académica e investigadora con las necesidades del país, convertirse en referentes de innovación y recuperar la confianza social como motores de progreso.