Partido Popular
De cara a las próximas elecciones generales, el Partido Popular defiende que “las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos y que esta sea de calidad” y buscan “devolver el dinamismo a la sociedad, para mejorar la educación, la cohesión social y transmitir valores a nuestros hijos”. Y es que, aseguran, “España puede convertirse en un enclave estratégico en esta cuarta revolución industrial” para la cual “debemos atraer talento” a través de distintos planes como el educativo.
De este modo, entre los planes del partido que dirige Pablo Casado estarían, entre otros, el impulso a las materias STEM en la educación, el apoyo a la I+D+i, con especial atención a las tecnologías emergentes y a las KET, o el fomento de la industria de contenidos digitales, en particular la del videojuego. Políticas donde, de forma transversal, se incluye la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género en la educación y la aprobación de protocolos “coordinados y homogéneos” entre el Estado y las comunidades autónomas para la “detección y actuación” contra la violencia de género desde los centros educativos.
En este sentido, señalan que el sistema educativo “debe dejar de ser un instrumento de experimentación e ideologización” y constituirse en un ámbito donde “se garantice la libertad de las familias, el desempeño profesional de los docentes y la convivencia de los modelos público, concertado y privado”. Así, debe “responder a los desafíos de una sociedad global y digital en el que los alumnos van a competir con compañeros de cinco continentes y trabajarán en empleos que aún no existen”. Para ello, “es imprescindible” adaptar la Formación Profesional a la nueva realidad laboral y la Universidad “debe disponer de los instrumentos de financiación y gobernanza que le permitan responder a los desafíos de un mundo en transformación”.
Por todo ello, de gobernar, ampliarían a todas las comunidades autónomas la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional; impulsarán un Plan Nacional para promover la implantación del Bachillerato Internacional y elaborarán un plan nacional para garantizar el honor y la intimidad personal de los estudiantes en los centros escolares y proteger a los estudiantes del ciberacoso. Asimismo, proponen realizar al final de cada etapa educativa pruebas académicas de carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos de cada alumno, teniendo efectos académicos al menos la que se haga al terminar el Bachillerato. Y, a su vez, “garantizaremos el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de religión” en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial, manteniendo su carácter voluntario y evaluable. Programa académico donde también promoverán cambios para ampliar el estudio de las humanidades, especialmente la filosofía, “que recuperará su condición de asignatura obligatoria en el Bachillerato”.
Esfuerzos donde, además, desarrollarán una “Estrategia Nacional para impulsar las vocaciones STEM entre las alumnas” e impulsarán la Formación Profesional, tanto la Dual como la Básica y la Superior, como instrumentos clave para la inserción laboral.
En cuanto a los profesionales del sector de la Educación, señalan que “impulsaremos el Estatuto del Docente, donde se contemple la reforma de los Planes de Formación, el acceso al profesorado a través de un sistema equivalente al MIR y también el conjunto de la carrera profesional”. Iniciativas entre las que también figura el impulso de programas de formación de maestros y profesores para la mejora en el aprendizaje de las materias STEM a través del diseño de Apps y páginas Web, Impresión en 3D y la robótica como contenidos de la materia de Tecnología.
Dando el salto al ámbito universitario, insisten en su apoyo a las titulaciones de magisterio bilingües (inglés-español) en las universidades públicas; en la aprobación de un Programa de becas para facilitar estos estudios; así como un Programa Internacional de Becas de Excelencia. Todo ello mediante una amplia política “que valore no solamente las circunstancias económicas y sociales, sino también el esfuerzo de los alumnos”.
A nivel institucional, se plantean promover modelos de financiación estable para las universidades que incentiven la calidad y les permitan competir internacionalmente; impulsarán sistemas de contratación del profesorado transparentes basados en el mérito y la capacidad; ampliarán las posibilidades de gobernanza de las Universidades permitiendo la separación de la gestión académica de la gestión económico-administrativa; o reforzarán el papel de los Consejos Sociales de las universidades.
Políticas universitarias donde también proponen la implantación de mecanismos de evaluación transparentes de la calidad de la docencia y la investigación; el fomento de la relación entre la universidad y la empresa facilitando la “incorporación flexible” de los estudiantes al mercado laboral, eliminando a su vez las trabas existentes sobre las prácticas; o el fomento de la movilidad entre universidades (tanto de estudiantes como de personal docente) reforzando los programas de movilidad internacional.
Además, el PP quiere impulsar la homologación de títulos extranjeros mediante la creación de un portal electrónico, reforzar el Espacio Iberoamericano de Educación Superior mediante programas de movilidad con incentivos, y valorar los años de estudio en España como reconocimiento a la hora de obtener la nacionalidad española.
Por último, en materia investigadora, el programa electoral de los ‘populares’ apuesta por la creación de un sistema de incentivos eficaz para fomentar la investigación con aplicación en el sector productivo; o la flexibilización de los proyectos de investigación competitivos, limitando así la burocracia y publicando las convocatorias con antelación en un calendario anual fijo. Políticas donde se incluyen un Plan de Atracción de Talento, con incentivos fiscales para incorporar profesionales e investigadores de alta cualificación; o un Acuerdo sobre la Ciencia en España entre las administraciones y la sociedad civil “que incorpore un compromiso financiero plurianual que permita alcanzar durante la legislatura una inversión del 2% del PIB en I+D+i”.