En una reciente visita a Almería, a preguntas de Aula Magna, el periódico universitario, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló que “es extraordinariamente importante, y por eso se cambió una ley en acuerdo con los agentes sociales, que desde el primer momento los becarios perciban que están dados de alta en la Seguridad Social, que están en la economía formal y que, por lo tanto, ya tienen derechos”. Declaraciones que han sido realizadas en un ámbito universitario, aprovechando la entrega de un inmueble a la Universidad de Almería para que ésta cuente con una sede en el centro de la ciudad.
El motivo de tal pregunta por parte de este diario se debe a la reciente carta enviada por las universidades españolas en la que, según indican, le solicitan “una moratoria de un año y herramientas para adecuar los sistemas de gestión, con motivo de la obligada cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas para el próximo curso”. Una carta en la que manifiestan el rechazo de las universidades a la norma aprobada por el Congreso de los Diputados, que a su juicio debería ser derogada y pone en evidencia la “falta de recursos” para asumir la carga de trabajo y la gestión que les supone la tramitación de la Seguridad Social de estos becarios que se encuentren realizando prácticas académicas externas a partir del 1 de octubre de este año.
Adaptación de los convenios en beneficio de los becarios
Ante las inquietudes presentadas por la comunidad universitaria, el ministro Escrivá remarcaba “la apuesta enorme que se ha hecho por que, tanto en la universidad como en la formación profesional, exista formación dual. Y, por tanto, es muy importante que los estudiantes y, en este caso, también becarios en la universidad, se formen desde el primer momento”. Además, en este sentido, ha recordado que “hay una ley desde hace ya bastante tiempo” que establece que los becarios deberán cotizar en la Seguridad Social.
De este modo, con el fin de evitar el impacto económico que podría suponer, “nosotros establecimos una bonificación que puede llegar del 95 hasta el 97%; por lo que prácticamente no tiene coste significativo ni para las empresas ni para las universidades o los centros de formación profesional”. Punto clave, que suscita muchas de las reticencias mostradas por las universidades españolas, sobre el que Escrivá insiste en que “realmente, los trámites de alta y baja no son trámites muy onerosos, muy complicados”, y pone como ejemplo que “las economías domésticas lo hacen con los empleados de hogar, por ejemplo, de forma muy sencilla”.
Por este motivo, el ministro considera que “lo que estamos discutiendo ahora con los rectores tiene que ver con la adaptación de los convenios que tienen con las distintas empresas. Y es ahí donde yo creo que podemos trabajar más. Estamos en conversaciones con los rectores permanentemente y también con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver en el ámbito de la formación profesional. Y ahí es donde tenemos que ver dónde están las restricciones y seguimos trabajando”, sentenciaba.
Desde el punto de vista de las universidades
Tras la valoración del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante la solicitud de una moratoria para poner en marcha el nuevo sistema de prácticas y la obligatoriedad de cotización de los becarios a la Seguridad Social, desde este diario también quisimos conocer la opinión de un representante del colectivo de las universidades españolas. En este caso, el rector de la institución almeriense, Carmelo Rodríguez, universidad “donde somos pioneros en la enseñanza dual”, como él mismo manifestaba.
Así pues, “nosotros pedíamos esa moratoria porque el principal problema que vemos es la gestión”, apunta Rodríguez poniendo como ejemplo que “en una universidad como la de Almería, yo suelo firmar 400 o 500 convenios de prácticas en empresa. Entonces, ahora hay que remodelar esos convenios”. Palabras con las que el rector incidía en que “nos ha costado mucho esfuerzo unirnos con el ámbito empresarial, dándole facilidades”, y por lo que “ahora lo que tememos es la reforma de esos convenios, o más bien el procedimiento de la gestión. Porque como ya ha dicho el ministro, no se trata del coste económico, que está bonificado y lo normal es que a la empresa no le suponga nada”.
Razón por la que, como una de las posibles soluciones, “nosotros solicitamos una aplicación (de gestión)”. Y es que, en términos de estudiantes becarios, “estamos hablando de muchísimas personas”, recuerda el rector de la UAL. Alumnado que, además, requeriría este trámite en periodos muy distintos puesto que “en octubre, a lo mejor, hay que dar de alta a mil. En noviembre dar de baja a doscientos… Entonces, queremos esa moratoria precisamente para facilitar el procedimiento, no porque estemos en contra del llamado Estatuto del Becario”, ha puntualizado Rodríguez.
Ante esto, se le preguntó si la plataforma Ícaro (nacida en la Universidad de Almería y pionera en la gestión de prácticas) podría albergar esa herramienta extra que necesitarían las universidades para la gestión de las altas y las bajas en la Seguridad Social de los estudiantes becarios. Cuestión sobre la que el máximo responsable de la Universidad de Almería apuntó que “habría que modificarla… pero algo así podría ser”. Aunque, subrayaba, “no creo que ninguna universidad se meta por sí sola a un proyecto de esa envergadura, porque es complicado. Se podría hacer a nivel andaluz, aunque lo ideal sería que se dispusiera a nivel nacional. Y claro, eso requiere tiempo y ese es el motivo por el que pedimos la moratoria”.