La elaboración del Estatuto del Becario, denominado formalmente como Estatuto del Estudiante en Formación Práctica o Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, sigue sin convencer en el ámbito universitario. Un sector, considerado como fuente fundamental de personas/estudiantes que buscan en las prácticas empresariales su primer contacto con el mundo laboral, que ha alzado la voz en los últimos días para denunciar que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, no ha contado con la comunidad universitaria para la elaboración de esta norma.
Una denuncia que han realizado desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), entre otros colectivos e instituciones. Organismos que dan voz a dos de los pilares fundamentales de las universidades, como son los equipos de Gobierno de las mismas y la representación estudiantil, que han manifestado su “rechazo al proceso de negociación que se está siguiendo” en la elaboración del Estatuto del Becario ya que, señalan desde Crue Universidades, “es obligación de esta asociación dejar claro que, pese a representar a la práctica totalidad del sistema universitario, apenas se ha contado con Crue para realizar aportaciones y escuchar su opinión”.
Un malestar que comparten también desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes pues “pese a las reclamaciones del estudiantado y las reuniones mantenidas con el Ministerio de Trabajo durante los últimos meses, el Estatuto ignora nuestras reivindicaciones y sigue sin garantizar la remuneración y la calidad de las prácticas académicas”.
Un Estatuto del Becario elaborado sin los principales implicados
“Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales”, denuncian desde Crue. Una “incomprensible laboralización” de una actividad “pura y esencialmente académica” que, insisten, “no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca, o con la necesidad de regular adecuadamente el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas”. Apartado donde hacen especial hincapié en el hecho de ‘recibir un beca’ y “no un salario” ya que, puntualizan, “si hay salario, es contrato de trabajo y no práctica académica”.
En este punto, relativo a la Seguridad Social, Crue señala que al margen de que en España la asistencia sanitaria es universal, los estudiantes la tienen específicamente protegida a través del seguro escolar. Por ello, “la única novedad real” de la propuesta que se está negociando, insistiendo en que “no por Crue”, estaría en la posibilidad de acumular carrera de seguro (días y meses cotizados para el día de mañana y la jubilación). Algo para lo que “bastaría con establecer el alta y cotización ficticia”, apuntan, pues la gestión de las altas y las bajas, así como de la cotización, “va a exigir una dedicación del personal de las universidades que habrá que detraer de otras tareas o recurrir a nuevas contrataciones, sin que haya presupuesto ni para esto ni para pagar la cotización de los estudiantes en prácticas”.
Por otro lado, en lo referente al “uso incorrecto” de las prácticas, desde CREUP subrayan que el actual texto del Estatuto del Becario “negociado sin contar con la participación del estudiantado ni la comunidad universitaria”, pretende suprimir las prácticas extracurriculares, también en entidades públicas, “para eliminar el fraude laboral”. Sin embargo, recalcan nuevamente que este cambio “supondrá un perjuicio directo al estudiantado, que no podrá realizar sus prácticas si no es mediante un contrato de formación, gestionado por su propia cuenta en vez de por la Universidad, como actualmente sucede”.
En este sentido, a día de hoy el Estatuto del Becario “no afronta las deficiencias en la calidad formativa de las prácticas, elimina las extracurriculares como una de las vías fundamentales de formación profesional del estudiantado y no establece una remuneración justa ni suficiente que sirva como mecanismo de protección de las personas con peor situación socioeconómica”, señala Nicolás Hernández, presidente de CREUP.
Las prácticas extracurriculares, en peligro
Para quien no conozca la diferencia entre prácticas curriculares y extracurriculares, estas últimas son aquellas que el estudiante decide realizar con carácter voluntario durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las curriculares, no forman parte del Plan de Estudios. De este modo, las prácticas extracurriculares pueden realizarlas todos aquellos estudiantes matriculados en cualquier enseñanza de grado, posgrado o Formación Profesional.
Una modalidad que corre peligro en base al texto del futuro Estatuto del Becario, donde se plantea una moratoria de 3 años para reformar todos aquellos grados universitarios que no tengan prácticas curriculares en sus planes de estudios. Movimiento que “no garantizará al estudiantado que pueda acceder a una formación práctica, debido a la negativa de las Universidades a reformar los planes de estudios y la escasez de oferta de prácticas dignas y de calidad”, denuncian desde CREUP.
Por tanto, en la misma línea, Crue señala que estas medidas “perjudicarían la formación de nuestros estudiantes, que podrían ver significativamente reducida la oferta de prácticas que ahora desarrollan y que resulta muy valiosa para su preparación”. Organismo desde el que muestran una “gran preocupación” por la desaparición en el nuevo Estatuto de las prácticas extracurriculares dado que “ocasionará una discriminación entre estudiantes que van a poder empezar a sumar cotizaciones en seguridad social, por ejemplo, los de ciencias de la salud, y estudiantes de otras titulaciones que no podrán hacerlo”.
Una situación que, en el caso de Andalucía, la eliminación de esta modalidad de prácticas impedirá que cerca de 11.000 estudiantes de las universidades públicas andaluzas realicen al año esta “valiosa formación práctica” en empresas u otros organismos. Así lo como ha señalado José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, quien ha asegurado que la nueva normativa planteada por el Ministerio de Trabajo “pone en peligro” este tipo de cualificación práctica, con la que “se facilita la adquisición de una enseñanza integral, ya que su formación académica se complementa con la experiencia obtenida en un entorno profesional”.
Una valoración con la que el consejero de Universidad también se ha mostrado preocupado por el “impacto negativo” que las futuras exigencias de este Estatuto del Becario tendrán en el tejido empresarial. Y es que, teniendo en cuenta que contempla la posibilidad de que los jóvenes puedan cotizar a la Seguridad Social, a juicio del Gómez Villamandos “eso puede desincentivar a las empresas a continuar con este tipo de formación”. Un hecho que “sería, por tanto, una doble exigencia económica, ya que las empresas y organismos tienen que dar una remuneración económica a estos jóvenes por el periodo en el que realizan las prácticas y que cumple con lo exigido por la legislación vigente”, subraya.
Por tanto, desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas exigen al Ministerio de Trabajo un nuevo proyecto que sitúe al estudiantado en el centro de la reforma ante la “necesidad de realizar una reforma integral de las prácticas, especialmente en el ámbito académico, garantizando su formatividad, remuneración, cotización y calidad”. Todo ello, a tenor de “la necesidad de cambio de modelo formativo” que ponga “fin al fraude” y que genere “soluciones viables para la realidad universitaria”, equiparando las prácticas extracurriculares a las curriculares en “control, calidad y remuneración”.
Una ardua labor, que requiere de la implicación de todos los sectores afectados, para la que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, “como ha venido haciendo desde el primer momento, vuelve a ofrecer su total colaboración para impulsar cualquier iniciativa real de mejora”.