La carrera investigadora necesita de un soporte económico que permita a los jóvenes desarrollar sus estudios con un sueldo digno. En España hay diferentes modos de adquirir esa solvencia económica, ya sea a través de las becas públicas como las de Formación del Profesorado Universitario (FPU); las ayudas de los Planes Propios de las universidades, conocidas como PIF (Personal Investigador en Formación) u otras ayudas de carácter privado.
En el caso de las ayudas estatales y de los planes propios, el pasado mes de marzo el Estatuto del Personal Investigador en Formación reguló, entre otras medidas, un salario mínimo. Esta medida no fue asumida inicialmente por las universidades, creando una desigualdad entre los becados de diferentes planes. Así, en el caso de los FPU los investigadores pueden contar con un sueldo de unos 1799 euros mensuales, mientras que sus homólogos de los Planes Propios reciben un salario de unos 1200 euros al mes.
En el caso de la Universidad de Málaga, ante esta discriminación salarial, los investigadores se establecieron en una Asamblea, constituida por investigadores predoctorales y postdoctorales. Así, esta Asamblea de investigadores subrayan como “entendemos que las universidades sean reticentes a estos pagos, porque fue un Estatuto presentado por el Ministerio que no iba ligado a la financiación para aplicarlo”, hecho que complica la equiparación salarial. El pasado verano, tras varias quejas públicas, la UMA hizo efectivo el pago de las nóminas a los investigadores predoctorales, unos 40 afectados, según los criterios que establece el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
Actualmente, la falta de equiparación con el Estatuto del Personal Investigador en Formación supone otras desigualdades, fundamentalmente entre los investigadores posdoctorales y para la última fase de los investigadores predoctorales. En el caso de estos últimos, mientras que las FPU tienen una duración de tres años prorrogables a cuatro, para el Plan Propio solo se dispone de un máximo de tres años de beca, solicitando a la Universidad la posibilidad de ampliar un año más los estudios. Desde la Asamblea de investigadores recalcan como el Estatuto del Personal Investigador en Formación equipara a cuatro años la duración de los contratos (con prórroga), llegando a cinco en el caso de los investigadores que tengan acreditadas alguna discapacidad.
Diferencias salariales entre doctores y doctorandos
Por su parte, los investigadores posdoctorales demandan a las universidades la subida salarial de forma proporcional al EPIF, tomando de referencia los 1935 euros brutos/mes establecidos en la resolución de la convocatoria de contratos postdoctorales de captación de talento, firmada por el propio José Ángel Narváez el pasado noviembre de 2015, en la etapa electoral que le llevó al cargo de rector de la UMA. La desigualdad económica que se da en la actualidad lleva a que investigadores con la tesis ya leída, y con resultados excelentes, lleguen a cobrar menos que investigadores que aún no han leído sus tesis. Una discriminación que afecta de lleno a la retención del talento que debe propiciar la universidad.
Reunidos con José Ángel Narváez, quien ha estado en campaña por la renovación del cargo de rector, la Asamblea ha vuelto a poner sobre la mesa sus peticiones. Ante la subida salarial, según señalan miembros de la Asamblea, el rector ha expresado que “la UMA quiere cumplir con la legalidad”, aplicando el EPIF y comprometiéndose a la prórroga en el cuarto año de investigación. En esta línea, el rector habría expuesto a los miembros de la Asamblea que habrá una reevaluación del Plan Propio de Investigación donde “podrán cambiar muchas cosa”. Aún así, la subida de sueldo tendría dificultades debido a que no es una “financiación realista”. Como respuesta, los miembros de la Asamblea recuerdan que “la calidad de la Universidad Pública pasa por el trabajo y sueldos dignos de sus trabajadores”, llamando a que todos sean tratados de igual manera.