Estudio de la UPO en la base del Plan Estratégico de los Servicios Sociales de la Junta

Estudio de la UPO en la base del Plan Estratégico de los Servicios Sociales de la Junta


El estudio ‘Servicios sociales comunitarios en Andalucía, modelo organizativo, recursos humanos y financiación’ de la UPO ha constatado que la Junta asume el 70% del coste de los servicios sociales comunitarios. Avalado por estas conclusiones, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y ConciliaciónRocío Ruiz, ha avanzado que el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía apostará por una reorganización del modelo de los servicios sociales comunitarios a fin de mejorar la accesibilidad al sistema y adecuar la distribución de recursos a las necesidades de cada zona de intervención.

Esta es una de las conclusiones aportadas por el estudio elaborado por su departamento y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que constata además la infrafinanciación de este recurso, considerado la puerta de entrada de las familias andaluzas a la atención social. “El incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central limita su aportación a un anecdótico 2%, de tal manera que el peso de este sistema de protección de la población más vulnerable recae en las comunidades autónomas, que en el caso de Andalucía soporta el 70% de la inversión“, ha reprochado.

El estudio ‘Servicios sociales comunitarios en Andalucía, modelo organizativo, recursos humanos y financiación’ es una herramienta de diagnóstico con la que se ha querido analizar la situación real de un servicio que se configura como la primera red de protección social de las familias y personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, ha añadido la consejera, se pueden descubrir sus fortalezas y carencias para “potenciar lo que da buenos resultados y solventar lo que es necesario corregir”.

“Desde las administraciones públicas tenemos el deber y el compromiso moral de contar con un sistema de servicios sociales fuerte, ágil y eficaz para que los ciudadanos se sientan reconfortados y atendidos”, ha resaltado Ruiz, que ha estado acompañada en la presentación por el rector de la UPO, Francisco Oliva, y el director general de Servicios Sociales de la Junta, Francisco Vidal. “Así funciona el Estado del bienestar: con una sociedad que apoya al que más necesidad tiene y ofrece oportunidades para intentar que todos avancemos al mismo paso”, ha dicho.

Infrafinanciación y disparidad de modelos

El informe, elaborado por los investigadores de la UPO Auxiliadora GonzálezEsteban RuizGermán Jaraiz José Alberto Salinas, destaca la labor y profesionalidad de los trabajadores de estos servicios y su comunicación con las entidades del Tercer Sector a fin de establecer esa red de apoyo. Sin embargo, establece dos retos: mejorar la financiación y homogeneizar los modelos organizativos y de gestión de los centros.

En el primer caso, el estudio señala que es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, la Administración que soporta el 70% de la inversión del sistema de servicios sociales, con una inversión superior a los 629 millones de euros durante 2019, el periodo analizado. La administraciones locales aportan el 27% (de los que el 19%, 176 millones, corresponde a municipios mayores de 20.000 habitantes y el 8%, otros 69 millones, a las diputaciones). Por el contrario, la Administración central apenas aporta un 2%, en torno a los 18 millones de euros, y las personas beneficiarias el 1%.

“Se trata de una aportación del Estado irrisoria, muy alejada del 33% que marca la ley y absolutamente insuficiente para la gestión por parte de las entidades y para atender a los y las ciudadanas como se merecen”, ha enfatizado la responsable andaluza de políticas sociales.

Ruiz ha insistido en que “resulta imprescindible que, por parte del Estado, se dote a los servicios sociales comunitarios de una financiación suficiente y adicional que permita un refuerzo de los medios y recursos materiales para afrontar las tareas encomendadas, como ya reclamó el Parlamento en junio de 2020 con una proposición no de ley relativa a la mejora de la financiación del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales”. Y ha recordado la falta de respuesta ante el acuerdo alcanzado por la Consejería, patronal y sindicatos y organizaciones implicadas para mejorar la gestión de los servicios sociales comunitarios.

El otro reto que plantea el estudio es la necesidad de mejorar la organización y comunicación entre los distintos centros de servicios sociales comunitarios, que asumen programas y prestaciones de competencia local, autonómica y estatal. Así, la investigación permite apreciar disparidades en la intensidad de prestación entre zonas de interior o de costa, o incluso del entorno oriental y el occidental. Unas diferencias que se atribuyen, entre otros elementos, a la despoblación, la renta y el envejecimiento de la población. Asimismo, se constatan diferencias entre los centros ubicados en entornos urbanos y los del ámbito rural, más cercanos.

La disparidad de modelos de gestión ralentiza en algunos casos la efectividad de nuevos recursos para combatir la vulnerabilidad, o que los trámites administrativos desplacen el proceso de acompañamiento e intervención directa con los ciudadanos. Ruiz ha explicado que precisamente “este exceso de tramitación fue uno de los primeros elementos que apreciamos al llegar al Gobierno andaluz, y que tratamos de solventar desde el comienzo con herramientas como la ventanilla electrónica o la simplificación de procedimientos. Porque una persona en situación de necesidad lo último que espera de su Gobierno, de su administración más cercana, es tener que salvar una muralla de papeles y trámites“, ha indicado.

En este sentido, la responsable de Igualdad ha adelantado que el estudio elaborado por la UPO y la Consejería será la base para el futuro plan estratégico de los servicios sociales comunitarios, que renovará el modelo del servicio y su estructura organizativa. Así, ha detallado que ya se han dado los primeros pasos hacia este nuevo modelo con la aprobación de la Estrategia de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía o con la implantación del mapa de servicios sociales, que permite conocer mejor la distribución de los más de 4.000 centros existentes en la comunidad y destinados a poblacional en general, infancia y adolescencia, atención a personas mayores y personas con discapacidad, salud mental, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social o comunidad gitana.

“Este Plan Estratégico, el primero que se pone en marcha en Andalucía, incluirá medidas integrales y ahondará en esa revolución social que estamos implantando en nuestra tierra para poner a las personas en el centro de la acción política, de forma que que sean los recursos y las prestaciones los que se adapten a las necesidades de las personas más vulnerables y no al revés”, ha señalado.

Según ha explicado Ruiz, el Plan Estratégico permitirá además “articular un sistema público de servicios sociales de calidad, eficiente y sostenible que funcione como una red integrada en el que todas las partes (desde administraciones públicas a tercer sector) son necesarias y confluyen para atender de forma conjunta las necesidades de las personas usuarias”.

“Todo ello unido a mejoras como el Ingreso por la Infancia y la Inclusión que tramitaremos como proyecto de ley y que ya está en el proceso de información pública para buscar la mayor participación y consenso posible. O como la Estrategia por la Infancia y la Inclusión que mañana llevamos al Consejo de Gobierno y que queremos que suponga un antes y un después para los servicios sociales comunitarios de Andalucía”, ha destacado la consejera.

Durante la presentación, la responsable del informe, Auxiliadora González, ha considerado que “sería necesario que los servicios sociales comunitarios, compartiendo un mismo modelo de servicio, pudieran adaptarse a las distintas realidades sociales de Andalucía“. Asimismo, ha apuntado que “los servicios sociales comunitarios deben recuperar el trabajo con la comunidad como complemento a la intervención, casi exclusiva, que se hace a nivel individual o con las familias”. “De esta forma, su ámbito de actuación tendría un carácter más universal y no solo orientado a colectivos vulnerables o excluidos”, ha añadido.

Por su parte, Esteban Ruiz ha subrayado que “los servicios sociales deben concebirse cada vez más como un servicio público para toda la población“, al tiempo que ha abogado por trascender las referencias estadísticas o cuantitativas a la hora de confeccionar políticas públicas en torno a los servicios sociales comunitarios. “Sería recomendable prestar atención directa al lado más humano de este sistema, tanto en cuanto a las profesionales como a los usuarios, para así generar una visión más cercana del servicio que nos permita reflexionar desde la proximidad y ensayar cambios concretos para su mejora”.


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