El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, se reunió la semana pasada con los diez rectores de las universidades públicas de Andalucía para tratar diversos temas relacionadas con la financiación del sistema universitario público presentando las que serán primeras acciones del Plan andaluz de I+D+i
El modelo de financiación es uno de las cuestiones más solicitadas por los rectores andaluces, quienes llevan pidiendo varios años que el nuevo modelo comience a desarrollarse dejando atrás el antiguo, de 2007, el cual se ha prorrogado de en varias ocasiones hasta llegar a la actualidad. en esta reunión también se realizó un análisis sobre la nueva planificación económica que se pretende aprobar para el periodo 2017-2021.
El modelo de 2007 concluirá de este modo ofreciendo una inversión total cercana a los 14.500 millones de euros y un nivel de ejecución presupuestaria que supera el 95%. De esta cantidad, la Administración andaluza aún tiene obligaciones pendientes de materializar del año 2015 por valor de 228 millones de euros, si bien todas las universidades disponen de tesorería para atender el pago a sus proveedores en los plazos que fija la norma, tras el acuerdo sobre la cuestión alcanzado este mismo año.
Con el debate entorno al nuevo modelo, el cual se viene retrasando más de un año, los rectores han querido expresar la necesidad de cerrar correctamente el anterior, siendo objetivo principal eliminar la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con sus universidades. En esta línea, los rectores también reclaman los responsables académicos garantizar la ejecución presupuestaria de 2016 en los fondos que les afectan y que la Administración concluya las tramitación de las justificaciones de proyectos de investigación, en especial para desbloquear su participación en nuevas convocatorias. Ante estas demandas, el consejero de Economía y conocimiento ha expresado su compromiso por abordar y solventar las peticiones.
Respecto al borrador del nuevo modelo de financiación el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, afirma que es un borrador cuya “música suena bien, pero habrá que ver la letra”; en referencia tanto a los aspectos que englobará cada partida, así como a los criterios que se establecerán para la distribución de los recursos por universidades y las propias cantidades económicas que podrían haber detrás.
En este sentido, José Carlos Gómez Villamandos ha explicado a Aula Magna que en la nueva financiación básica que se plantea, y dentro de la financiación operativa, hay que limar desajustes entre universidades, ya que en el marco de lo que se entiende “estructura” de las universidades, en algunas están incluidos los servicios de idiomas y los de deportes, y en otras no, como es el caso de la UCO. En esta línea, la UCO considera que el Hospital Clínico Veterinario forma parte de su estructura central, pues no en vano en él se forman los estudiantes de Veterinaria, aunque inicialmente no estaría contemplado así por la Consejería.
De igual manera, y al hilo de este borrador, el rector de la UCO explica que las universidades andaluzas, en su conjunto, presentarán una propuesta colegiada sobre los criterios que deberían tenerse en cuenta en el nuevo modelo, todo ello con el objetivo de que el futuro sistema de financiación 2017-2021 acabe con las
“muchas desigualdades del anterior modelo, que el nuevo debe superar”.
Todo ello teniendo en cuenta, además, que antes de que acabe este año deben solucionarse tres cuestiones: el correcto cierre del ejercicio 2016 y el pago de la deuda pendiente, las justificaciones que aún quedan en el aire del anterior PAIDI, y la ejecución completa del propio presupuesto designado para universidades para este 2016.
Por lo que respecta a los prepuestos que la Consejería de Economía y Conocimiento ha presentado para el próximo año 2017 en el apartado de universidades -a caballo entre el actual modelo de financiación y el diseño del futuro-, el rector de la UCO ha señalado que a fecha de hoy las universidades desconocen cuáles serán los criterios de reparto para los 46,8 millones de euros consignados para inversiones en infraestructuras, y si estos 46,8 millones serán nuevos o corresponderán, en parte, a inversiones ya pasadas.
Por parte de la Universidad de Granada, tras ponerse en contacto con el Gabinete de Comunicación y tras varios intentos de contactar directamente con la rectora, desde el Gabinete se ha señalado que por el momento “preferimos no hacer declaraciones en relación con este asunto. Se trata de un proceso que acaba de iniciarse y entendemos que lo apropiado es ver como se desarrolla todo”
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